Unas 60.000 familias extremeñas, afectadas por cláusula suelo, según Adicae

Unas 60.000 familias extremeñas están afectadas por las cláusulas suelo, según estima la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), entidad que ha pedido a la banca que no se muestre en "rebeldía" contra la devolución extrajudicial.

Adicae ha organizado hoy acciones de protesta en diversas ciudades españolas al cumplirse el mes que tenían los bancos para habilitar los canales de atención necesarios a las víctimas de las cláusulas suelo.

El coordinador autonómico de Adicae, Diego Escudero, ha dicho a los medios que sin embargo las entidades se muestran reacias a cumplir lo establecido por la normativa.

"La primera impresión es que la mayoría de las entidades financieras no están dispuestas a dar una resolución positiva a los afectados por las cláusulas suelo, y por tanto a eliminarla y a devolver las cantidades íntegras a los afectados", ha dicho.

Según ha explicado, no solo es que se muestre una "resistencia" a este hecho, sino que muchos bancos han manifestado que no van a proceder en este sentido, mientras que otros estudiarán los casos afectado por afectado.

En su opinión, si está claro que las cláusulas eran "abusivas", los bancos deben devolver las cantidades de forma íntegra y genérica.

En el caso extremeño, "las entidades que vendieron hipotecas con cláusula suelo fueron principalmente Caja Badajoz (hoy Grupo Ibercaja) y Caja Extremadura (hoy Liberbank), aunque prácticamente todas lo hicieron: BBVA, Banco Popular, Banca Pueyo...".

Sin embargo, escasas entidades han manifestado que devolverán a todos sus clientes las cantidades pagadas de más por las cláusulas suelo.

Ante esta actitud de las entidades, cada uno de los afectados deberá ir a la vía judicial, -con los costes de tiempo y dinero que les generará, además de la saturación de los juzgados- para resolver su situación.

Escudero ha hecho un llamamiento a los afectados para que pongan reclamaciones extrajudiciales, a las cuales el banco está obligado a atender y a dar una resolución en tres meses, y en el caso de que la respuesta no sea la satisfactoria, "habrá que acudir a la vía judicial".

Esta última vía "es la que se intenta evitar para que no sea traumático ni suponga coste alguno para los afectados", y por tanto se ha pedido un cambio de actitud a la banca.

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