Bruselas avisa a España de que algunas ayudas a la estiba pueden ser ilegales

 La controvertida liberalización del sector de la carga y descarga de mercancía en los puertos puede pasar una factura muy costosa a las arcas públicas y, con ello, al bolsillo de los ciudadanos. Números en mano, el Gobierno tiene previsto poner encima de la mesa hasta 575 millones de euros, de los que el 60% ya estaban contemplados -aunque sin cifras- en el decreto que reforma la estiba, aprobado el 24 de febrero por el Consejo de Ministros.

En ese texto se afirma expresamente que la Autoridad Portuaria de cada puerto (dependiente del Ministerio de Fomento) «asumirá obligatoriamente el 100% de las indemnizaciones» (equivalentes a un despido objetivo) por «la extinción de contratos laborales de los trabajadores de las SAGEP», las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios en las que deben inscribirse los estibadores y que la reforma elimina gradualmente. Eso sí, solo hasta el 11 de diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE ordenó liberalizar el sector.

Con ello se pretende «asegurar la estabilidad del empleo», en el sentido de compensar económicamente a aquellos trabajadores que no fueran subrogados por las nuevas concesionarias de servicios de estiba, una de las líneas rojas que los sindicatos han puesto en su negociación con la patronal del sector, Asneco. El coste máximo de asumir los posibles despidos llegaría a 350 millones, según estiman en Fomento.

A ese dinero se unirían otros 225 millones que el Ministerio de Empleo pondría sobre la mesa para costear la prejubilación de una quinta parte de la plantilla actual de estibadores, en torno a 1.350 personas con sueldos que, en general y por los años que llevan trabajando en el sector, cobran una media de 68.000 euros anuales. Además, y hasta que llegara ese retiro, el Estado asumiría sus retribuciones por un período de entre tres y seis años.

Dada la edad de esos trabajadores y que su jubilación no se prevé hasta llegar a los 55 años, con 26 de cotización a la Seguridad Social, se estima que hasta el 20% de los 6.156 estibadores registrados tendrían esa salida. El problema, amén del elevado coste, es que desde la Comisión Europea ya se ha advertido al Gobierno español que costear esas prejubilaciones podría considerarse una ayuda de Estado prohibida.

Competencia vigila

El aviso, de momento, ha sido oficioso y fue trasladado por la propia comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en su visita a España la semana pasada, aunque la cuestión recaería en su colega de Competencia, Margrethe Vestager. A esta última no le ha temblado la mano para reclamar que recupere bonificaciones multimillonarias a algunos sectores, la última los 300 millones concedidos para la expansión de la TDT en varias autonomías, asunto ya en manos de los tribunales europeos.

De las ayudas previstas por Fomento -350 millones para la «subrogación de pasivos laborales»-, no obstante, parece que en Bruselas existen menos dudas e incluso hay un compromiso con el Gobierno para no denunciarlas como ilegales. Desde la patronal del sector, a su vez, se insiste en que es el Estado el que debe costear buena parte de los cambios derivados de la liberalización porque hasta la entrada en vigor de la Ley de Puertos en octubre de 2011 los estibadores tenían la condición de empleados públicos.

Dado que la única multa impuesta por la UE asciende hasta hoy a 22,65 millones (27.522 euros diarios a contar desde la sentencia europea), las ayudas previstas por el Estado superan esa cifra en 25 veces. La segunda sanción (134.100 diarios)_que teme el Gobierno no llegaría, a priori, hasta un nuevo fallo del TJUE.

Este jueves está previsto que se vote en el Pleno del Congreso el polémico decreto de la estiba, que por ahora solo apoya el PP aunque negocia con el PNV que se sume. PSOE y Ciudadanos no están dispuestos a respaldarlo hasta que haya un acuerdo sectorial y este no llegaría, al menos, hasta la semana próxima. Y este viernes está previsto que comiencen los cuatro días alternos de huelga convocadas por los estibadores, aunque no se descarta que vuelvan a aplazar sus paros si la mayoría del Parlamento termina rechazando antes la reforma.