Metroagua devuelve infraestructura de agua y alcantarillado a urbe colombiana

Metroagua, filial la española Inassa, devolvió hoy oficialmente a la ciudad colombiana de Santa Marta (Caribe) la infraestructura de acueducto y alcantarillado.

En un acto público al que asistió el procurador, Fernando Carrillo, quien ha hecho seguimiento de la crisis por la falta de agua en la ciudad, se dio cumplimiento a un fallo judicial del pasado 16 de febrero que ordenó a la empresa Metroagua revertir a la alcaldía la prestación del servicio.

"Lo público hay que defenderlo y la ciudadanía tiene que seguir atenta para defender el derecho fundamental que tienen de acceder al agua", precisó el procurador al indicar que la entidad a su cargo continuará interviniendo en este proceso.

"El medio ambiente está pasando la cuenta de cobro a quienes han creído que éste no es importante para el desarrollo y por eso hay que tomarse en serio la agenda ambiental del país", agregó.

Al respecto, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, reconoció que el cambio de operador no garantiza de inmediato la mejora del servicio, razón por la cual se van a implementar tres etapas después de que Metroagua devolviera la infraestructura.

"Primero tenemos que estabilizar el sistema, posteriormente seguirán unas mejoras que garanticen la estabilidad del servicio y después vendrán las inversiones en infraestructura por el orden de 12.000 millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares)", indicó el mandatario local.

La Alcaldía de Santa Marta tiene previsto que a partir del próximo martes y durante un año el consorcio Veolia-Proactiva Santa Marta S.A E.S.P. gestione los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Durante esos doce meses debe estructurarse una alianza público privada por medio de la cual se consiga, en un plazo de 30 años, la cobertura total de acueducto y de alcantarillado, sanitario y pluvial, de Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena.

La empresa Metroagua, que operó en Santa Marta desde 1991, tenía suscrito con la Alcaldía un contrato de alquiler de la infraestructura que fue cuestionado por el anterior alcalde, Carlos Caicedo, y por su sucesor, Rafael Martínez, quienes interpusieron acciones judiciales al considerar que era lesivo para la ciudad.

Los problemas en el suministro de agua potable, así como el colapso de las redes de alcantarillado, provocaron protestas ciudadanas en esta ciudad turística.