Ferroatlántica pide a la Xunta que autorice la operación que avala su futuro

Ferroatlántica ha iniciado los trámites para llevar a cabo la única operación que garantiza el futuro de la compañía en la comunidad autónoma y el mantenimiento de todo el empleo asociado a ella.

La empresa, informa un comunicado, ha solicitado formalmente al organismo Augas de Galicia que, en aplicación del interés general y de acuerdo a derecho, devuelva las concesiones hidráulicas de los ríos Xallas y Grande a su estado original; es decir, ha pedido que se elimine la prohibición, que se impuso de forma excepcional en circunstancias muy especiales, de segregación de las dos actividades principales que la sociedad desarrolla actualmente en Galicia: la producción de ferroaleaciones y la de energía eléctrica.

Solo la cancelación de esa prohibición por parte de la Xunta, señala la nota remitida a la prensa, permitirá la venta de las centrales y, con ella, ejecutar el plan industrial de futuro avalado por la mayoría sindical el pasado 8 de abril y, nueve días después, por el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de A Coruña. Una estrategia que, para el caso de Cee, Dumbría y Sabón (Arteixo), incluye inversiones por valor de 102 millones de euros que permitirán no solo el mantenimiento integral de las plantillas existentes, sino también la creación de otros 200 puestos de trabajo directo y unos 300 indirectos.

Acompañado de ingente documentación complementaria y fundamentado en jurisprudencia constitucional, el escrito dirigido a Augas de Galicia detalla cómo en la primera mitad de la década de los noventa Ferroatlántica adquirió a la Sociedad Española de Carburos Metálicos tres fábricas (Cee, Dumbría y Sabón) y seis aprovechamientos hidráulicos en los ríos Xallas y Grande.

Fue entonces, con motivo de esa compra, se explicita en la comunicación, cuando la Xunta alteró parcialmente y de forma excepcional las concesiones originales, que en su mayoría databan de mediados del siglo XX. Prohibió en ese momento la segregación de las actividades de producción de energía y de ferroaleaciones.

Obró así el Gobierno gallego invocando el interés general, con el ánimo de que el negocio de las centrales, en aquella época boyante, sostuviese el de las factorías, por entonces deficitarias, e impidiese así su cierre.

La solicitud cursada detalla cómo, sin embargo, la aplicación del mismo concepto de interés general empuja en la actualidad a actuar de manera opuesta a como se hizo tres décadas atrás; esto es, revirtiendo las concesiones a su estado original sin restricciones ni limitaciones.

"Porque el contexto de toma de decisiones ha variado radicalmente: el resultado de explotación de las fábricas es ahora casi cuatro veces mayor que en 1996, y el de las centrales, prácticamente cinco veces inferior. O sea, las primeras ya no solo no precisan el apoyo de las segundas, sino que aquellas se lo prestan a estas. Inversión total de roles", consta.

"La prohibición de segregación no satisface hoy en ningún modo el objetivo de preservar el interés general. Por el contrario, la supresión de dicha prohibición permitirá el desarrollo de un plan industrial que sin duda sí fomenta y preserva el interés general", puede leerse en la petición elevada a la Xunta.

Esa afirmación se refiere al hecho de que solo con la pretendida separación de líneas de negocio Ferroatlántica podrá financiar el plan industrial respaldado el mes pasado por la amplia mayoría de los representantes de los trabajadores.

"Un plan sin cuya aplicación la competitividad de la compañía no mejoraría en el mercado mundial y la propia viabilidad de las fábricas gallegas se vería en riesgo", se refleja.

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