925 Millones para la protección de las familias y las ayudas a la dependencia

La ampliación y refuerzo de las ayudas a la familias, a la atención de las personas más vulnerables y a las dependientes son los ejes del proyecto de presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para 2017, cuyas líneas generales ha desgranado esta tarde su titular, Alicia García.

Manejará un total de 925,42 millones, 53 más que en 2016, un aumento superior al seis por ciento, con un crecimiento generalizado en todas sus partidas y programas, ha precisado García durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

"Garantiza la atención a los dependientes, ofrece empleo e integración a las personas con algún tipo de discapacidad, proporciona a las familias los recursos básicos que necesitan, luchan contra la desigualdad y la violencia de género, y pretende ofrecer más y mejores oportunidades a los jóvenes", ha resumido.

García ha situado las cuentas de su departamento, que por primera vez rebasan los novecientos millones, en un momento económico "caracterizado por la recuperación de la economía y del empleo", y dentro de un tiempo "esperanzador e ilusionante aunque no exento de complejidad".

Se ha referido en este punto a que "aún persisten los retos derivados de una crisis larga y profunda", de manera especial "aquellos que afectan más directamente a las personas y a las familias", ha subrayado.

Durante su intervención, ha anunciado la aprobación de un nuevo proyecto de ley de la Red de Protección a las Familias -a la que se destinarán 190 millones-, ya consensuado con los agentes sociales y el denominado Tercer Sector, para atender y amparar a los más necesitados.

Estos presupuestos, ha añadido, permitirán la financiación suficiente para el desarrollo y fortalecimiento de los doce planes programas y directrices de actuación puestos en marcha por la consejería desde el principio de esta legislatura (2015-2019), hasta el punto de permitir, según sus palabras, "la consolidación y el despliegue del nuevo modelo de servicios sociales", estrictamente centrado en la persona.

La financiación de la dependencia (553 millones), la cuantía más elevada de todos los programas, reafirmará el "claro compromiso" del Gobierno autonómico con la aplicación de la ley, "única comunidad autónoma que la cumple al cien por cien, según los informes nacionales", ha presumido.

La Gerencia de Servicios Sociales (215,3 millones), por su parte, sólo aumenta ligeramente su dotación "porque seguimos adoptando una política de racionalización y contención del gasto corriente", con el fin de dedicar los mayores recursos a programas de "atención directa", ha precisado.

Otras partidas son el fomento del empleo de las personas más vulnerables (10,7 millones); la promoción de la igualdad de oportunidades entre los discapacitados, y entre hombres y mujeres (159 millones); el apoyo a las entidades locales para el desarrollo de las competencias de esta consejería (109,3 millones), y las subvenciones a las entidades del Tercer Sector (23,2 millones).

En el ecuador de esta novena legislatura, la consejera ha llamado la atención sobre la importancia que tienen estas cuentas, en su opinión "claves para consolidar las iniciativas ya acometidas, así como para impulsar el resto de los compromisos planteados".

Los grupos de la oposición han coincidido en lamentar el carácter limitado, repetitivo y de vigencia efímera de las partidas.

"Es un presupuesto singular porque sólo va durar dos meses, julio y agosto, antes del siguiente, y además es más de lo mismo porque, si bien aumenta la cantidad por transferencias del Estado y de la UE, su efecto no se traslada ni a las personas ni a las familias, que seguirán soportando altos y elevados copagos", ha manifestado la portavoz socialista, Ana María Muñoz de la Peña.

Esa limitada duración, dos meses antes de la tramitación parlamentaria del presupuesto de 2018, a partir del próximo octubre, supone "un año perdido" en materia de servicios sociales, en opinión de Laura Domínguez (Podemos), y tampoco repercuten en las políticas de apoyo a la mujer las deducciones fiscales y el tramo autonómico del IRPF.

"Son unas cuentas conformistas", ha considerado el representante de C's, José Ignacio Delgado, debido a que "faltan muchos objetivos por cumplir" como en su opinión sucede con los centros de menores, que junto a las mujeres, jóvenes, dependientes y discapacitados constituyen un amplio espectro de destinatarios que hacen necesario aún "mucho mayor presupuesto".

José Sarrión (IU-Equo) ha detectado un "excesivo optimismo por parte de la consejera" y se ha acordado de las 59.000 personas en situación de pobreza extrema y de los ciudadanos en riesgo de exclusión, un tercio de la población autonómica.

Todas estas críticas y análisis de los grupos de la oposición son "una frivolidad" a juicio de la portavoz del PP en la comisión, Mar Domínguez, para quien los presupuestos "nos permite seguir en la senda del crecimiento y del logro de los objetivos propuestos".

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