Pensiones: El arma del PSOE para presionar al Gobierno en los presupuestos
Los socialistas pondrán sobre la mesa una revalorización en línea con el IPC y una subida del salario mínimo para mejorar los ingresos de la Seguridad Social
El Gobierno, salvo imprevisto, tiene atados los Presupuestos de 2017 al cerrar un acuerdo con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que le permite superar el empate a 175 votos del Congreso. Por eso los ojos del Ejecutivo y del resto de partidos empiezan a situarse ya en las cuentas de 2018, cuyo techo de gasto deberá presentarse en apenas un mes. Y uno de los temas centrales para elaborar los nuevos Presupuestos serán las pensiones. De hecho, el PSOE piensa convertir la revalorización de esta prestación y del salario mínimo en una de las líneas rojas para al menos sentarse a hablar con el Gobierno sobre las cuentas, según confirman fuentes del partido.
La sostenibilidad del sistema de pensiones lleva desde noviembre analizándose en la Comisión del Pacto de Toledo. Sin embargo, los trabajos avanzan de forma lenta y tortuosa. De hecho, ya acumulan retrasos respecto al programa previsto -se esperaba en un principio que emitiera sus recomendaciones en marzo o abril- por las divergencias sobre el alcance de las modificaciones. Una circunstancia que puede agudizarse tras el triunfo de Pedro Sánchez en el PSOE si el nuevo secretario general apuesta por una derogación completa de la reforma de las pensiones aprobada por el PP en 2013.
Ante este panorama de aparente bloqueo en el dictamen de la comisión para reformar el sistema en el medio y largo plazo -financiación a través de impuestos de las pensiones de viudedad u orfandad o sacar de la Seguridad Social las bonificaciones y reducciones- el PSOE intentará introducir alguna de sus reivindicaciones más inmediatas en los próximos Presupuestos consciente de la minoría parlamentaria del Gobierno. Es cierto que el PP ha logrado sacar adelante las cuentas de 2017 sin el apoyo de los socialistas, pero a cambio de importantes cesiones ante el PNV en temas como el cupo vasco que levanta ampollas en otras comunidades autónomas y en aliados como Ciudadanos. Por tanto, es probable que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, busque una aproximación con el PSOE en primera instancia (como hizo sin resultado en las cuentas de 2017). Y es en ese punto donde el principal partido de la oposición planteará sus líneas rojas en pensiones.
Reducir el déficit
La primera de ellas será incluir una revalorización en línea con la inflación para impedir una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Algo que ya propusieron junto a sindicatos y otros partidos de la oposición como Podemos este año sin resultado, ya que el Ejecutivo decidió subir el mínimo del 0,25% que marca la ley por cuarto curso consecutivo, lo que este año conllevará una pérdida de capacidad de compra.
Asimismo, para lograr mejorar los ingresos de la Seguridad Social, que cerró 2016 con el mayor déficit de su historia al alcanzar los 18.700 millones y que apenas se reducirá en este ejercicio, otra medida que pondrán sobre la mesa es el incremento de las cotizaciones máximas. En este sentido, el Gobierno ya elevó estas bases un 3% este año hasta los 3.751,2 euros mensuales y es probable que no se opongan a un nuevo aumento. De hecho, se incrementan todos los años. Sin embargo, desde los sindicatos reclaman que el destope sea mayor o incluso total sin que eso signifique elevar la pensión máxima en la misma proporción.
Para mejorar los ingresos del sistema el PSOE también presionará con una revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) similar al 8% pactado este año. Precisamente, ese incremento -el mayor en 30 años- fue uno de los pocos acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los socialistas. Con esta subida el salario mínimo se sitúa en los 707,6 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, el objetivo de UGT y CC OO es que se eleve a 1.000 euros a final de la legislatura para cumplir con la Carta Social Europea que recoge que el SMI debe representar el 60% del salario medio. La idea es que el incremento del SMI empuje al alza al resto de salarios, lo que también mejoraría los ingresos por las cotizaciones.
En cualquier caso, la última palabra la tendrá Hacienda en función de la evolución de la senda de estabilidad. La ventaja en los Presupuestos de 2018 es que, si la previsión del Gobierno se cumple, el déficit de España en ese ejercicio se situará por debajo del 3%. Es decir, fuera de la vigilancia exhaustiva de la Comisión Europea. Un escenario que ofrece más margen de maniobra al Ejecutivo, lo que no significa que esté dispuesto a ello.
