Los procuradores valencianos prevén un "atasco" de demandas hipotecarias

El Colegio de Procuradores de Valencia prevé un "monumental atasco" en la tramitación de las demandas hipotecarias a partir del próximo jueves, cuando será obligatoria la presentación de todas estas reclamaciones en el juzgado 25 bis de València, que no tiene ni juez ni personal, según esta organización.

En un comunicado, el colectivo de procuradores lamenta que esta situación "perjudicará gravemente los derechos de los ciudadanos afectados", además del "encarecimiento y la discriminación que supone esta medida para ciudadanos y profesionales del resto de la provincia".

"A esta situación se suma ahora un problema mucho mayor, ya que el CGPJ publicó en el BOE del pasado sábado la obligación de que las demandas sean presentadas en dichos juzgados inexistentes a partir del día uno de junio, es decir, el jueves de esta misma semana. Una orden que denota una falta de previsión incomprensible en un órgano que ostenta la más alta responsabilidad en la Justicia", añaden.

Según el Colegio de Procuradores, el juzgado 25 bis, creado con urgencia para atender las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no dispone de ordenadores, juez, secretario o funcionarios.

"Por no disponer, no dispone tan siquiera de un espacio físico, por lo que es imposible que comience a cumplir sus funciones y atender y tramitar las demandas. Este es un asunto muy grave para el Colegio de Procuradores, porque implica que las demandas no se podrán repartir (es decir, asignar al juzgado), ni numerar".

"Previsiblemente, se amontonarán a la espera de que se dote el Juzgado y pueda comenzar a trabajar. Para complicar un poco más la situación, todas las demandas deberán presentarse en papel y de manera presencial, ya que la tramitación electrónica ha sido paralizada por completo por problemas con la aplicación informática Cicerone", han agregado las mismas fuentes.

Para Laura Oliver, decana de los procuradores, esta situación es "inadmisible por completo".

"Los procuradores somos el ciudadano ante la Justicia y tendremos que explicar a los clientes por qué no está repartida su demanda, por qué no tiene número, y por qué va a pasar años esperando un resultado a su problema. Socialmente se está transmitiendo que se protege al ciudadano, y no es verdad. Se está atacando directamente a sus derechos, porque no va a poder recuperar su dinero en mucho tiempo, ya que los procesos van a ser muy largos".

"Muchas familias van a verse perjudicadas e incluso preferirán llegar a acuerdos con los bancos, a costa de perder dinero, con tal de no esperar cuatro o cinco años en cobrar lo que de verdad les corresponde", ha añadido.

A su juicio, "centralizar las demandas ya era de por sí un error, al menos en Valencia y la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta que aquí el 'boom' inmobiliario fue mayor que en otras provincias, lo que implica más demandas, y que la población no se concentra en las capitales".

La propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana avisó el pasado 10 de mayo de los muchos problemas que suponía la creación de un juzgado especializado y centralizado, explicando problemas técnicos, humanos y de recursos.

Entre otras consideraciones, los propios jueces tomaban como referencia las 9.500 demandas por productos financieros presentados en un año sólo en la ciudad de Valencia, indicando que en el caso de las demandas hipotecarias la cifra será posiblemente mayor, y que requerirá sólo para la capital un mínimo de nueve jueces, cuatro secretarios y al menos 36 funcionarios, han agregado las mismas fuentes.

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