El seguro cree que la nueva reordenación bancaria no afectará al cliente

La presidenta de la patronal del seguro español, Unespa, Pilar González de Frutos, considera que la nueva reordenación del mapa bancario y sus implicaciones en los acuerdos de distribución de seguros no afectará a los clientes, que tienen suficientes opciones para buscar la oferta que más les convenga.

De Frutos hizo estas declaraciones en rueda de prensa para presentar el informe anual del seguro español, que este año cambia de nombre y se llama "Estamos Seguros 2016", poco antes de la Asamblea anual de la asociación, que también celebra su 40 aniversario.

Los efectos de la reorganización bancaria "ya están consolidados" a falta de los que se puedan derivar de la compra del Banco Popular por parte del Santander, explicó la presidenta.

"No me preocupa ni como sector ni como ciudadana", explicó, puesto que a pesar del grado de concentración que existe en el sector financiero, "en seguros hay suficiente dispersión" de redes financieras y canales como para que cualquier consumidor pueda encontrar la oferta que mejor se le acomode sin perjuicio para sus intereses.

En cuanto a la posibilidad de que el anteproyecto de Ley de Distribución del Seguro elimine la exclusividad en la distribución en bancaseguros, de forma que las entidades puedan operar con más de un distribuidor", se mostró convencida de que no tendrá efectos directos, porque "una ley no puede cambiar los contratos existentes".

En cuanto al futuro, tampoco será un impedimento para que se establezcan contratos exclusivos, aunque dependerá de la voluntad de las partes, dijo la presidenta, que destacó que la nueva ley es más flexible y eso es lo que hay que analizar.

También recordó que existen algunas cosas que el nuevo texto no incluye, como la regulación de los comparadores de seguros y otros productos, "que hemos pedido muchas veces" y que consideran importante para que el consumidor disponga de información transparente.

En definitiva, para Unespa, "básicamente, el anteproyecto está en condiciones de poder ser asumido por cualquier operador del mercado".

El anteproyecto de Ley irá al consejo de Estado en julio, y será remitido a las Cortes en diciembre, para ser aprobado, previsiblemente en enero de 2018 y entrar en vigor en febrero.