Afectados por quiebra de Inversión Hogar denunciarán a Santander ante la CNMV

Los demandantes por la quiebra hace 25 años de la constructora Inversión Hogar tienen previsto denunciar al Santander ante la CNMV y el Banco de España por la compra-venta de una finca en Mijas en 1992 en la que hubo conflicto de intereses y la utilización de personas vinculadas con paraísos fiscales.

Fianzas y Crédito, sociedad intervenida y representada por el Consorcio de Compensación de Seguros, y la inmobiliaria Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), han unido fuerzas para que la entidad financiera restituya el quebranto por la suspensión de pagos de Inversión Hogar, juicio que comenzará el próximo 19 de septiembre ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid

La denuncia deriva de la presunta venta fraudulenta de una finca en Mijas (Málaga) un día antes de que se publicara en el BOE su expropiación forzosa, inmueble que adquirió el Santander cuando Inversión Hogar entró en concurso y que podría implicar un fraude a acreedores.

Por ello, tienen previsto interponer en los próximos días una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, así como ante el Banco Central Europeo (BCE) y la SEC, el supervisor bursátil estadounidense, ya que acusan al banco de causar un perjuicio de entre 40 y 50 millones de euros para sus más de 3,9 millones de accionistas, entre los que se encuentra Inversión Hogar.

Los hechos se remontan a 1992, cuando el banco firmó un contrato-convenio con Inversión Hogar (IHSA), constructora en suspensión de pagos "provocada" por el banco, según dictaminó en su día la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Entre las condiciones de dicho contrato se pactó la transmisión de varios inmuebles en Mijas, Manilva, Mairena de Aljarafe y Alcalá de Guadaíra al banco.

La finca de Mijas había sido valorada en 1989 por una tasadora en 6,3 millones de euros, pero en 1992, momento de la firma del contrato-convenio, se tasó en 1,3 millones.

En 1996 dicha finca fue transmitida por el Banco Santander a la sociedad Las Vertientes de Calahonda por 75 millones de pesetas (450.759 euros), un día antes de que se publicara en el BOE su expropiación forzosa para la construcción de la autovía Estepona-Málaga.

Pero según los denunciantes no se ha aportado aún una escritura completa y expedida por un notario de dicha compra venta, ya que los dirigentes del banco no querían que la finca estuviese a nombre de Banco Santander el día de la publicación de la expropiación en el BOE para que los derechos de dicha expropiación no correspondiesen al banco sino a ellos, a través de la sociedad compradora, y así "enriquecerse fraudulentamente a costa del banco y del resto de accionistas".

Además, según los denunciantes, Vertientes de Calahonda se había constituido por fiduciarios o "testaferros" sólo ocho días antes de la compraventa, pero en esa fecha no tenía aún personalidad jurídica ni capacidad de obrar al no haber sido inscrita en el Registro Mercantil hasta un mes después.

Vertientes de Calahonda habría sido "expresamente constituida", por una sociedad con sede en Liechtenstein, Tinre Etablissement, cuyo administrador es Heinz Batliner, que fuera gerente general y presidente del banco VP Bank.

Batliner y su hermano Herbert han sido objeto de una investigación del servicio federal de Información (BND) de Alemania, que fue utilizado en una sesión de la Asamblea Nacional Francesa dedicada a la situación de Liechtenstein como paraíso fiscal.

Otro de los socios fundadores de Vertientes de Calahonda es Alberto Arrupe, abogado en aquella época del Banco Santander y de otras sociedades del grupo Altamira Santander Real Estate.

EFECOM

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