Acuerdos y ritmos de la comisión de cláusulas suelo "decepcionan" a Adicae

La asociación de consumidores Adicae ha calificado de "decepcionantes" los acuerdos suscritos en la primera reunión de la comisión de seguimiento del mecanismo extrajudicial para afectados por cláusulas suelo, entre ellos el plazo de casi cuatro meses concedido a las entidades para remitir su información.

Para el colectivo, presente en la reunión como representante de los usuarios de banca, los ritmos de funcionamiento son "inexplicablemente lentos" y demoran la recopilación de los datos, con los que se elaborará un primer informe que "va a llegar prácticamente un año después del real decreto pese a que establecía un plazo de seis meses".

Durante el encuentro, celebrado en la tarde de ayer, la comisión fijó el 6 de noviembre como fecha límite para que bancos y cajas remitan la información requerida con el objetivo de controlar que se cumple con lo dispuesto y los afectados por las cláusulas suelo abusivas pueden recuperar su dinero de forma rápida y sin necesidad de acudir a los tribunales.

En concreto, las entidades deberán enviar mensualmente y a través del Banco de España, datos sobre el estado de tramitación de las reclamaciones interpuestas por los consumidores, las solicitudes aceptadas y los importes de devolución.

Asimismo, tendrán que informar sobre las peticiones que no hayan sido admitidas a trámite o que hayan sido desestimadas y aquellas en las que haya habido una propuesta de compensación que el afectado haya rechazado.

Para Adicae, la comisión "parece haber abandonado" su función principal de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones al dejar "en manos de los bancos" la resolución amistosa del decreto, y tilda de "clamor" la falta de respuestas de una reunión que había generado "grandes expectativas".

En opinión de la asociación, resulta inexplicable que siendo el Banco de España el organismo al que se encomienda esta labor, no se dotara de eficacia a los encuentros de la comisión desde el primer momento, hecho que "expresa la falta de voluntad del Gobierno y de la banca para resolver de manera sencilla, clara y eficiente" el resarcimiento a los consumidores.