El Consello de Contas prevé analizar coste-beneficios de políticas públicas

El Consello de Contas, un órgano independiente de supervisión del dinero que manejan las instituciones públicas en Galicia, pretende efectuar una labor de análisis sobre costes-beneficios de las decisiones de los gobiernos autonómico y municipales, así como de otros organismos vinculados.

Así lo anunció esta mañana el máximo responsable del Consello de Contas, José Antonio Redondo, en su intervención ante una comisión del Parlamento de Galicia para presentar el plan de trabajo de este año, que incluye labores de prevención contra la corrupción tras la reciente firma de acuerdos en ese sentido con los municipios y diputaciones gallegas.

Ese tipo de contabilidad más analítica que incluya cálculos sobre el coste y los beneficios derivados de determinadas decisiones o indecisiones políticas suponen un "ámbito fundamental" para explicar a los ciudadanos la gestión pública, indicó Redondo, en respuesta a las críticas del diputado de En Marea José Manuel Lago.

El parlamentario destacó que ese órgano tiene cierta independencia para fiscalizar la contabilidad pública y debería evaluar más el coste-beneficio de la gestión de los poderes públicos en sus informes, de manera que sugirió, a título de ejemplo, calcular qué ventajas o desventajas tienen los "beneficios fiscales" concedidos anualmente por la Xunta por unos 500 millones de euros o bien el impacto de la perspectiva de género en las instituciones públicas.

Redondo, conselleiro mayor del Consello de Contas, dijo que esa entidad está este año "en condiciones de presentar resultados muy importantes" en el sentido de un análisis más profundo de la contabilidad de informes de los últimos años de varias instituciones.

Añadió que ese organismo suele operar sin excesiva visibilidad, y "aunque a veces el control, de la legalidad pueda ser aburrido, es necesario", pero "no confundamos lo aburrido y rutinario con lo que es necesario", y precisó que ha presentado 89 comunicaciones o denuncias, de las cuales 62 relativas a problemas en el ámbito municipal y 5 sobre el Sergas, el órgano de gestión de hospitales y centros de salud públicos de Galicia.

Varios diputados de la oposición reprocharon que el plan de trabajo para este año sea presentado a mediados de marzo y lo atribuyeron a una actitud de desinterés del PPdeG, que dispone de mayoría en la Cámara autonómica, y que gobierna en la Xunta, además de criticar su postura de falta de cumplimiento de muchas de las recomendaciones del Consello de Contas que se repiten año tras año.

La diputada del PPdeG Cristina Romeo rechazó ambas críticas alegando que el plan fue presentado el pasado 19 de diciembre para su tramitación con iniciativas "suficientemente ambiciosas" y aseguró que la Xunta y su formación han adoptado medio centenar de "actuaciones" respecto a las recomendaciones del Consello de Contas, que consideró "falso" todo lo referente a las pretensiones de que las incumplan.

Los parlamentarios de la oposición invitaron al Consello de Contas a implementar medidas para afrontar su nuevo mandato de prevención contra la corrupción en colaboración con otros organismos públicos y Lago señaló que esa iniciativa lleva "retraso".

El diputado de En Marea subrayó que ese organismo fue investido en agosto de 2015 de un "papel central en la lucha contra la corrupción" y que, casi cuatro años después, tiene la sensación de que "ha avanzado muy poco", por lo que advirtió de que "empieza a tener una responsabilidad".

Romero señaló que las nuevas atribuciones de ese organismo se limitan a una cooperación para evitar la corrupción, pero "no es una oficina antifraude", dijo.

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