¿Liberalización eléctrica u oligopolio eléctrico?

Llega la liberalización eléctrica. O eso es lo que nos ha vendido el Gobierno, ya que durante este mes los usuarios pueden elegir libremente su comercializadora de electricidad, compañías que a partir del 1 de julio se encargarán de facturar el consumo de luz. Además, el primer día de julio entrará en vigor las Tarifas de Último Recurso, es decir, precios únicos que serán fijados por el Ejecutivo y a los que podrán acogerse los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a 10 KW (casi 25 millones de usuarios)

Todos hemos recibido en nuestros domicilios, además de la factura, un papelito dónde se nos informa, por llamarlo de alguna manera, del cambio. El usuario que lo lea apenas entenderá lo que dice, a pesar de los muchos esfuerzos que ha hecho el Gobierno. Tampoco está muy claro el alcance del cambio. El Ministerio de Industria nos intenta convencer de las bondades del nuevo sistema insistiendo en que veremos reducida la factura de la electricidad a través de las muchas ofertas que nos ofrecen las comercializadoras (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, E.ON o Hidrocantánbrico)

Sin embargo, si uno busca esas ofertas en las que nos ahorraremos unos cuantos céntismos de euro veremos que están dirigidas a consumidores con potencias contratadas igual o superiores a 10 KW. Pero seamos sinceros, un usuario medio tiene la mínima potencia contratada a no ser que viva en un chalet de 200 metros. Es decir, los descuentos del 10 ó 12% que promocionan las comercializadoras están dirigidas a pequeñas y medianas empresas, es decir, 1,5 millones de potenciales clientes frente a 25 millones que no lo son.

Otra de las grandes ventajas que se supone que tiene el mecanismo es que los clientes pasarán a formar parte de una base de datos que podrán ser consultada las comercializadoras y, en función de nuestro consumo, podremos ser objeto de llamadas vendiéndonos la "tarifa que más se ajuste a nuestras necesidades".

Sin embargo, se echa en falta ciertas cosas. Primero, transparencia porque apenas a 20 días de la entrada en vigor de la nueva TUR todavía los consumidores de un bien básico como es el de la electricidad no saben cuánto van a pagar. Y no lo saben porque el titular de Industria, Miguel Sebastián, asegura que aún no cuentan con toda la información necesaria para calcularla. Se ha comparado esta liberalización de la luz con la de la telefonía móvil. Pero en esta última cualquier usuario tiene en su página web el detalle del coste de llamada, el establecimiento y el coste de los mensajes.

En segundo lugar, porque se ha establecido un bono social, por el cual el TUR permanecerá congelado para pensionistas, familias numerosas y desempleados. ¿Por qué no se aplica también en función de la renta? Habrá familias numerosas que por su nivel de vida el que le descuenten 10 euros de su factura eléctrica les dará igual porque tienen dinero suficiente para tener no sólo tres, sino cuatro o cinco hijos. En cambio, hay otras unidades familiares que no tengan hijos, pero que por sus ingresos esos 10 euros suponga un gran esfuerzo.

Por último, el Gobierno se ha preocupado que la factura sea aditiva, es decir, que el margen de compraventa de electricidad sea suficiente para que las compañías eléctricas tengan beneficios haciendo posible ofertas por parte de las comercializadoras. En el caso de que el coste de energía baje el peaje de acceso a ella (que se había bajado en años anteriores) se subiría. El objetivo: eliminar el déficit tarifario.

Una cuestión vital para los accionistas de las citadas compañías, pero que pocos usuarios entienden. Les cuestan comprender que unas empresas que obtienen pingües beneficios se quejen de que la luz les es deficitaria y que reclamen subidas de hasta el 30% en la factura. A falta de más claridad, esto huele a que el recibo será bastante más caro tras la supuesta liberalización.