Primeras demandas por impago de deuda de Puerto Rico tras acabar la moratoria

Los acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina, en sus siglas en inglés) de Puerto Rico presentaron hoy ante el tribunal federal en San Juan las primeras demandas contra el Gobierno tras finalizar la moratoria que impedía los pleitos judiciales que establece la Ley Promesa.

Esto supone el pistoletazo de salida a la esperada oleada de demandas judiciales que el Gobierno de Ricardo Rosselló teme empiecen a llegar al tribunal federal a partir de hoy, un nuevo quebradero de cabeza que tendrá el Ejecutivo, que ahora deberá litigar con los acreedores.

El Congreso en Washington aprobó en junio de 2016 la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en sus siglas en inglés) que incluía una moratoria, vigente hasta hoy, para que los tribunales aceptaran demandas por impago de la deuda.

Washington trató con ello de que el Gobierno de Puerto Rico llegará a un acuerdo amistoso con los acreedores, como establece el título VI de Promesa, para evitar la distracción que supondrán demandas millonarias e interminables que pueden restar energía al Ejecutivo en su esfuerzo por salir de la crisis.

Las primeras demandas contra el Gobierno y la Junta de Supervisión fueron presentadas por Ambac Assurance Corporation, la aseguradora que cubre el pago de los bonos de Cofina, y por grupos y particulares tenedores de títulos que exigen el pago de la totalidad de lo acordado.

Ambac señala en la demanda que el objetivo es impedir una serie de actos inconstitucionales e ilegales que ha utilizado el Gobierno de Puerto Rico en la gestión de su política financiera.

La demanda señala que la Junta de Supervisión Fiscal establecida por Promesa, creada a instancias del Congreso de EEUU, ha dado su aval a un esquema de violación de la ley que la aseguradora considera intolerable.

Cerca de 16.000 millones de dólares de deuda de Cofina fueron vendidos como respaldo del pago en los vencimientos de los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005-2009), del Partido Popular Democrático (PPD), ahora en la oposición, fue el impulsor de la creación de Cofina y el IVU como una forma de generar ingresos para el Gobierno, iniciativa que fue apoyada por el actual gobernante Partido Nuevo Progresista para (PNP) que en esos años controlaba la Asamblea Legislativa.

La demanda denuncia que el actual Plan Fiscal del Gobierno que certificó la Junta de Supervisión Fiscal ha dañado los derechos constitucionales de los acreedores, ya que destina a otros fines fondos que tendrían que estar reservados para los tenedores de los bonos de Cofina, además de no estipular que se pague la totalidad de lo adeudado.

La demanda exige la enmienda del Plan Fiscal y acceso a información financiera que denuncian es opaca por parte del Gobierno.

El primer pleito se produce sin que de momento se tengan noticias de que la Junta de Supervisión Fiscal haya decido recurrir al título III de la Ley Promesa, que establece el inicio de un proceso de quiebra ordenado en los tribunales una vez que el título VI, que prevé una negociación amistosa, no ha dado resultados.

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