Políticos y empresarios piden derogación ley que permite moratoria en P.Rico

La clase política y empresarial de Puerto Rico pidió hoy la derogación de la ley que confiere potestad al gobernador para declarar una moratoria en el pago de la deuda que considere oportuno, por entender que daña la credibilidad de la isla y perjudica a los proveedores del Gobierno.

"Nos lleva a convertirnos en Venezuela, en una república que hasta tiene poder de expropiación de las propiedades y servicios que da el sector privado si al gobernador le da la gana", defendió hoy la portavoz de del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

En su opinión, dar al gobernador la facultar de decretar de manera unilateral una moratoria sobre el pago de la deuda "es más que peligroso" y pude afectar "a la legislación federal para la reestructuración de la deuda de la isla" que se negocia en Washington, y que pasan por el sometimiento al control de una junta federal de supervisión fiscal.

Desde el ámbito privado, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) pidió hoy la derogación inmediata de la llamada Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, porque "establece mecanismos y procesos totalmente ajenos a nuestro sistema de gobierno de ley y orden".

Para el presidente de la ACPR, Ricardo Álvarez Díaz, la ley, firmada el miércoles por el gobernador, daña el "sistema constitucional, federal y estatal y menoscaba las protecciones constitucionales, relaciones contractuales, derecho de propiedad privada y acceso a remedios judiciales que nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen frente al Estado".

En su opinión, la norma también crea "una seria incertidumbre y desasosiego en toda la industria de la construcción, la ciudadanía en general y muchas otras organizaciones y empresas de otros sectores importantes para la economía de Puerto Rico".

Esta ley suspende su derecho a cobrar por la vía judicial y se les fuerza a continuar dando servicios o rendir labores sin paga, advirtió Álvarez Díaz, quien exhortó al gobernador y a la Asamblea Legislativa a derogar de manera inmediata la Ley de Moratoria por el daño que hace al "ordenamiento constitucional y a la estabilidad jurídica y económica".

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José E. Vázquez Barquet, considera que la nueva ley también es "inaceptable, nefasta, viola la Constitución de Puerto Rico, menoscaba relaciones contractuales y afecta aún más el ambiente de negocios en Puerto Rico".

José Julián Álvarez, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, cree que con esta ley el Gobierno trata de forzar una negociación con los acreedores, aunque haya dudas sobre su constitucionalidad.

Para el también economista Elías Gutiérrez, se trata de un duro golpe a la credibilidad de la isla, ya que con esta ley tanto el gobernador como la Legislatura violan la Constitución de Puerto Rico, garante de parte de la deuda.