Los Cierco impugnarán la adjudicación de Vall Banc a J.C. Flowers & Co

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) han anunciado esta tarde que impugnarán la adjudicación de Vall Banc al fondo estadounidense J.C. Flowers & Co. como adquirente de Vall Banc por un precio total de hasta 29 millones de euros.

El consejo de administración de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) ha acordado hoy seleccionar a la firma de inversión estadounidense J.C. Flowers & Co. como adquirente de Vall Banc.

La demanda se formalizará "tan pronto como se oficialice" la decisión anunciada por la Areb, tal y como ha señalado a través de un comunicado la familia Cierco, que tampoco descarta emprender acciones contra el fondo americano.

Los accionistas mayoritarios se oponen totalmente a este proceso y han anunciado que harán un seguimiento "estricto" del cumplimiento de las condiciones que contengan el acuerdo anunciado.

Los hermanos Higini y Ramon Cierco ya interpusieron una demanda el 5 de agosto del año pasado para impugnar tres actos administrativos adoptados por la Areb en junio pasado, en concreto la aprobación del plan de resolución, la valoración económica y la constitución de Vall Banc.

La impugnación se hará efectiva según lo que establece la denominada 'ley del Areb' e insistirá en aspectos ya denunciados hasta ahora. De entrada, que la Ley de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias contiene, a su entender, cláusulas inconstitucionales dada su retroactividad.

También incidirán en "la opacidad" con la que el Areb ha actuado en todo el proceso de resolución y el hecho de que la normativa en que se basan sus acuerdos es, según definen desde el Grupo Cierco, "expoliadora y confiscatoria".

La familia Cierco y sus asesores legales avanzan que harán un "estricto seguimiento de todas las acciones que se lleven a cabo a partir de ahora" y no se descarta que en los próximos días o semanas, además de formalizar en los plazos adecuados la demanda jurisdiccional de reclamación económica por responsabilidad del Estado, se promuevan acciones judiciales que incluyen ir contra el adjudicatario.