La opinión de la UE sobre las cláusulas suelo divide a banca y consumidores

El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha rechazado hoy la retroactividad de las cláusulas suelo por las "repercusiones macroeconómicas" de una eventual devolución, ha ahondado el cisma entre los consumidores y la banca, que ha aplaudido la decisión.

A la espera de que el Alto Tribunal europeo emita su veredicto final, el sector bancario se ha felicitado por los resultados del informe y ha mostrado su optimismo de cara a una futura sentencia favorable, como ha manifestado la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Un entusiasmo que ha mantenido durante todo el proceso el BBVA, que siempre confió en que la tesis del Supremo de anular las cláusulas suelo no transparentes desde mayo de 2013, se ajustaba al derecho comunitario.

Por su parte, el Banco Sabadell se ha distanciado de la polémica y ha defendido la validez de sus cláusulas, al haber sido comunicadas a los clientes "con claridad", motivo por los que no restituirá cantidad alguna.

Para el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, las conclusiones del abogado del TJUE Paolo Mengozzi proporcionan seguridad jurídica tanto en el ámbito español como en el europeo.

Y aunque coincide con el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, en que habrá que esperar a la sentencia del Alto Tribunal comunitario, ha asegurado que los bancos españoles "acatarán y respetarán, como siempre han hecho", la resolución.

Las principales organizaciones de consumidores han lamentado que el dictamen del abogado general del TJUE haya atendido más al bienestar de la banca que al de las familias víctimas de lo que han calificado de fraude millonario.

El presidente de la asociación Adicae, Manuel Pardos, ha considerado que el letrado "parece equivocarse", ya que las cuestiones planteadas pedían una interpretación de la legislación europea de protección al consumidor y no las sanciones de las que habla el informe.

Otras organizaciones han cargado abiertamente contra Mengozzi, quien, según Asgeco, ha puesto "precio a los derechos de los consumidores, el de la estabilidad financiera de un país"; mientras, la CECU ha expresado su "plena disconformidad" con una resolución "que deja en la estacada a los perjudicados".

También Facua ha evidenciado su desazón y ha tachado de "indignantes y grotescas" las conclusiones, que han mostrado "una extraordinaria sensibilidad con los intereses de los banqueros y no con los de las familias, víctimas de un fraude que ha contribuido a provocar multitud de desahucios y suicidios".

En la misma línea se ha mostrado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, que ha asegurado que es "un escándalo que una cuestión jurídica tan sencilla como la retroactividad se haya manipulado a favor de la banca", una decisión que achaca a factores políticos.

A este mismo hecho apuntan los bufetes de abogados, puesto que para unos el dictamen "hay que enmarcarlo en el pánico postbrexit, ya que la situación europea es absolutamente excepcional", mientras que otros consideran que dichas conclusiones vienen condicionadas por el escenario que abriría para los bancos la aceptación de la retroactividad y su trascendencia a nivel europeo.

Los expertos jurídicos calculan que a la banca le costaría cerca de 5.000 millones la retroactividad de las cláusulas suelo, a los que se sumarían los 4.700 millones incluidos en el límite temporal del Supremo.

Entidades, consumidores y abogados coinciden en mantener la cautela a la espera de que la sentencia final, prevista para los próximos meses, ya que, ha matizado la OCU, las conclusiones del abogado suelen marcar la senda pero "no vinculan al tribunal".

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