La JUR espera en 2018 un informe que determine si compensa por el Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) espera que en el primer trimestre de 2018 esté listo el informe de la consultora Deloitte sobre la resolución del Banco Popular que determinará si los afectados que perdieron su inversión en la operación pueden ser compensados, dijeron hoy fuentes europeas.

La JUR ordenó el 7 de junio la resolución del Banco Popular debido a que estaba en vías de quebrar por falta de liquidez, en una operación que conllevó su venta por un euro al Banco Santander y pérdidas totales para accionistas y tenedores de deuda subordinada y ha desatado una avalancha de demandas ante los tribunales españoles y europeos.

Según las normas del organismo de resolución, tras una de estas operaciones debe realizarse un informe posterior que compruebe que los accionistas y bonistas no recibieron un trato peor con la resolución del que habrían sufrido si se hubiese dejado quebrar la entidad, algo que prohíben las leyes europeas sobre rescates bancarios.

La encargada de realizar este informe es la consultora Deloitte, la misma que elaboró el informe de valoración del Popular sobre el que las instituciones europeas basaron la decisión de resolverlo, y que le atribuía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.

La JUR espera que el informe esté listo en el primer trimestre de 2018 y prevé publicarlo.

En caso de que este determine que accionistas y acreedores tuvieron un trato peor que si la entidad hubiese caído, la JUR tendrá que compensarles con fondos del Fondo Único de Resolución (FUR), una "caja" con que cuenta la institución para costear grandes resoluciones europeas y que se nutre de contribuciones de las entidades financieras.

Su resultado es, por tanto, clave para saber si las demandas de los inversores (95 solo ante los tribunales europeos) podrán saldarse con una compensación por las pérdidas sufridas.

La confección del informe lleva meses, puesto que se trata de un caso complejo, el primero de la historia de la JUR, y el Popular tiene muchas subsidiarias, entre otros factores, apuntan fuentes europeas.

Algunos de los inversores que han presentado demandas, argumentan que encargar el informe posterior a Deloitte genera un conflicto de intereses dado que esta tiene interés en avalar el informe de valoración que hizo antes de la operación.

Sin embargo, fuentes europeas explican que en este informe posterior la consultora no realizará un nuevo ejercicio de valoración, sino que analizará qué habría ocurrido con los inversores que sufrieron pérdidas en caso de no haberse producido la resolución, utilizando también una metodología diferente.

El encargo de este informe a Deloitte se produjo antes de la resolución, ya que la consultora ganó el procedimiento de oferta pública -dónde se verificó que no tuviese conflictos de interés con el Popular- en relación con el banco español para elaborar los tres reportes necesarios en el proceso.

La JUR anunció ayer que su panel de apelación le ha pedido que publique parte del informe de valoración de la entidad, como reclaman los afectados, y que está estudiando qué partes no son confidenciales y podrían revelarse sin poner en peligro la estabilidad financiera o los intereses comerciales del banco, que sigue funcionando integrado en el Santander.

Seis meses después de la resolución es posible que los riesgos de vaivenes en el mercado por la publicación hayan disminuido, pero si la JUR no lo considera así, aún podría recurrir la decisión de su propio panel de apelación.