La excúpula de CAM encara la recta final del juicio por la quiebra de la caja

El juicio contra la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presunta estafa continuada y falsedad contable entre 2010 y 2011 encara su recta final la próxima semana, cuando está previsto que quede visto para sentencia un proceso iniciado hace casi seis años.

La sección cuarta de la sala de lo Penal retomará la vista mañana tras quince días sin sesiones, momento en el que las partes comenzarán a exponer sus conclusiones definitivas una vez se han practicado los peritajes, las múltiples pruebas testificales y los interrogatorios de los ocho acusados.

El fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, será el encargado de inaugurar un turno de palabra en el que, presumiblemente, ratificará su petición de siete años y medio de cárcel para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós; el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director director general de Inversiones y Riesgo Francisco Martínez.

Considera que los cuatro, a pesar de ser "conscientes de las dificultades que atravesaba la entidad y del alto grado de probabilidad de que el resultado fuera negativo en 2010", pusieron todos sus recursos para lograr unos resultados "artificialmente positivos".

En concreto, señala a López Abad por liderar la reclasificación como normales de créditos dudosos y fallidos que no cumplían con la normativa del Banco de España, alterando así el balance y la cuenta de resultados "al disminuir la dotación de las provisiones necesarias para cubrir esos riesgos".

Un relato refutado por el que fuera director general de la entidad durante su declaración el pasado 30 de mayo, que además de defender su gestión aseguró que las cuentas de 2010, como había ocurrido durante casi dos décadas, recibieron el visto bueno de la auditoría externa "sin salvedades".

Muestra, aseveró, de que la caja "no era la primera de la clase" pero tampoco "lo peor de lo peor", en alusión a las declaraciones del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en octubre de 2011, pocos meses después de la intervención de la CAM.

Sin embargo, los testigos peritos del Banco de España afirmaron que las refinanciaciones causaron un impacto negativo en los estados de la entidad desde 2009, y destacaron al área de riesgos por ser una "mera comparsa del comercial".

Por el contrario, la Fiscalía exime de responsabilidad al que fuera presidente en esa época, Modesto Crespo, que aseguró ante el tribunal que las noticias sobre el estado de la caja "eran siempre positivas hasta quince días antes" de la entrada del Banco de España.

No obstante, el expresidente, que alegó que carecía de "conocimientos técnicos y contables" y que su papel era meramente institucional hasta el punto de "visitar 'outlets' de zapatos" con las esposas de otros directivos, se enfrenta a la petición de nueve años de cárcel del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por falsedad societaria, estafa a inversores y manipulaciones informativas.

También están acusados el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes el fiscal pide un año y dos meses de prisión, así como el ex director general de Recursos Vicente Soriano, con la solicitud más baja, diez meses de cárcel.

Según el calendario de las vistas, la juez Ángela Murillo dará por concluido el juicio el próximo viernes, tras lo cual el tribunal dictará una sentencia que estudiará además posibles indemnizaciones a quienes compraron cuotas participativas entre las 13.03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año.

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