¿Hispanobonos, avales o rescates para las comunidades autónomas?

Las alarmas comenzaron a sonar cuando trascendieron los problemas que tuvo Valencia para hacer frente a un compromiso con un[…]

Las alarmas comenzaron a sonar cuando trascendieron los problemas que tuvo Valencia para hacer frente a un compromiso con un acreedor. El Estado central le ayudó a salvar la cara, de manera puntual, entonces. Esta semana se ha vuelto a hablar de este problema ello a raíz de los encuentros que ha mantenido el Gobierno central con los autonómicos, primero con los del PP y luego con los de otras fuerzas políticas. Pero, también a raíz de declaraciones de políticos, analistas e incluso informes de las agencias de calificación.

Albert Carreras de Odriozola, secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, afirmaba en declaraciones a Bloomberg: "Creemos que el Gobierno español debería garantizar o responsabilizarse de las emisiones de deuda de las comunidades autónomas que ha autorizado". Efectivamente, es el Estado central el que aprueba la apelación a los mercados de las autonomías. Carreras de Odriozola se mostraba partidario de encontrar un mecanismo entre todos, Gobierno central y regionales, que permita que el Estado garantice, avale o se haga responsable de la deuda autonómica.

Más trascendencia que esas declaraciones tuvo el informe que Moody's publicó el jueves sobre las comunidades autónomas españolas. Redujo la calificación de Valencia y amenazó a otras nueve autonomías, que podrían evitar la rebaja de su "rating" un cambio legislativo que permitiera que el Estado actúe como su avalista.

Actualmente, las Comunidades autónomas tienen graves problemas de financiación. Y esta situación va para largo. Un ejemplo: la rentabilidad de los bonos catalanes con vencimiento 2020 supera el 9,5%. ¿Se podría refinanciar Cataluña a ese tipo de interés? Difícilmente. Como el resto de las autonomías. Y todavía más grave: dado que las comunidades autónomas no están cumpliendo los objetivos de déficit, el Gobierno central podría no darles permiso para que emitan más deuda, añadiendo más presiones a su posición de liquidez e, incluso, de solvencia.

Carreras de Odriozola puede tener razón: hay que diseñar un instrumento que impida, que descarte la posibilidad de un "default" de una comunidad autónoma española. Pero, ¿cómo se puede llevar a la práctica esta idea? ¿Podría el Estado directamente convencer a los bancos que compren deuda autónomica ofreciendo una garantía de manera informal? ¿O hay que dar un paso más allá? ¿Debería emitir el propio Tesoro español la deuda de las comunidades? ¿O el Instituto de Crédito Oficial? También, quizás, podría diseñarse un instrumento de ayuda financiera, un programa de préstamos bilaterales. Bien es verdad que los expertos consideran fundamental que, a cambio de cualquiera de estas alternativas, las comunidades autónomas deben apretarse el cinturón, deben someter sus presupuestos al control férreo del Estado central y con castigos en caso de incumplimiento. De hecho, el aval del Estado central se podría considerar un premio a su disciplina.

Tanto el control presupuestario como el aval estatal a la deuda autonómica rompen el Estado autonómico tal como lo conocemos. Madrid actuaría con las comunidades como lo hace Berlín con sus socios comunitarios. De hecho, si la legislación española prohibe que el Gobierno central se haga responsable de la deuda de las comunidades, hasta hace bien poco sucedía lo mismo en Europa: el Tratado de Maastrich prohibía un Estado sacara la cara por las deudas de otro. Pero los países miembros se las ingeniaron para crear un fondo de rescate para evitar la quiebra de Grecia.

Si los españoles hemos, por lo general, apoyado la solidaridad en el ámbito europeo, lo coherente es apoyar también la solidaridad entre las comunidades autónomas. Aunque las cumplidoras tengan la tentación de negarse, como Alemania hace a veces.

Si en Europa hemos apoyado la creación de cortafuegos contra el contagio, en el seno de los Estados tiene que ocurrir lo mismo.

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Nos puede surgir una inquietud: ¿Qué sucederá con la prima de riesgo española en el caso de que el Estado central se decida a avalar la deuda autonómica? En parte, en la deuda española ya cotiza el riesgo de las comunidades autónomas. Aunque desde luego que no será una buena noticia. Pero, ¿no sería peor un default?

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