Gobierno de Andorra desestima la reclamación económica de los dueños de BPA

El gobierno de Andorra y el Insitut Andorrà de Finances (INAF) han desestimado la reclamación por responsabilidad administrativa presentada por la familia Cierco, propietaria de Banca Privada de Andorra (BPA), que ha anunciado hoy que recurrirán la decisión.

En un comunicado remitido hoy, los accionistas mayoritarios de BPA definen como una "huida hacia adelante" la "débil justificación" con la que el gobierno andorrano y el INAF han desestimado la reclamación administrativa presentada y anuncian que presentarán un "recurso de reposición" como paso previo "si hace falta" a una "futura demanda judicial".

BPA fue intervenida por el gobierno andorrano en marzo de 2015, después que el departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los Estados Unidos acusara formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.

Tal y como expone el comunicado de BPA, esa "posible" demanda tendría como único objetivo defender "los derechos y los legítimos intereses" de la familia Cierco, y en "ningún caso pretende debilitar ni el sistema financiero andorrano y aún menos poner en riesgo la seguridad del país".

Asimismo, los accionistas de la entidad financiera reivindican su predisposición para colaborar con el gobierno andorrano en la búsqueda de una salida beneficiosa "para todas las partes" afectadas por esta crisis, "en especial para los trabajadores y los clientes del banco intervenido".

Según el comunicado, las denegaciones presentadas por el ejecutivo andorrano y por la entidad reguladora del país pirenaico "no entran a rebatir los numerosos argumentos que sostenían la petición formulada" y denuncia que no se tienen en cuenta que después que la administración tomase el control de la entidad ésta ha sufrido "una importantísima destrucción de valor".

Finalmente los accionistas de la entidad financiera señalan que el comportamiento de la administración andorrana ha sido "negligente y lesivo", ha generado un "gravísimo prejuicio" que a su juicio deberían ser compensados e informan de que interpondrán un recurso de reposición y en caso que sea denegado, no descartan acudir a la vía jurisdiccional.

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