El Gobierno de Portugal confía en una solución rápida para el BPI

El Gobierno luso ha expresado hoy su confianza en que el Banco Portugués de Inversión (BPI) pueda desprenderse de su negocio en Angola como le pide Bruselas "en un plazo relativamente corto", después de la opa lanzada por su mayor accionista, Caixabank.

Así lo ha explicado hoy el primer ministro luso, el socialista António Costa, quien ha instado al Banco Central Europeo (BCE) a ser comprensivo sobre la resolución de este problema que afecta a la quinta mayor entidad financiera del país.

"Están creadas las condiciones institucionales y de mercado para que la separación del BPI y el Banco de Fomento de Angola (...) tenga éxito", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en declaraciones recogidas por medios lusos desde París, donde se encuentra de viaje oficial.

Sobre la OPA en sí, Costa se ha limitado a mostrarse satisfecho por el interés existente entre angoleños, españoles y otras nacionalidades para invertir en la banca lusa.

El primer ministro ha confirmado que su Gobierno ya aprobó en consejo de ministros una alteración legislativa encaminada a desbloquear situaciones como la que vive el BPI, debido a la existencia de límites en los derechos de voto de sus accionistas.

Aunque cuenta con el 44,1 % de los títulos, más del doble que la segunda mayor accionista, la inversora angoleña Isabel dos Santos (con una participación del 18,6 %), su poder es prácticamente el mismo debido a que el límite en los derechos de voto está fijado en el 20 %.

Esta cláusula ha permitido a Dos Santos bloquear varias operaciones, entre ellas la escisión del negocio del BPI en Angola, sometida a votación a principios de febrero.

Sin embargo, António Costa ha puntualizado que la aprobación de esta alteración legislativa no se debe al caso del BPI en concreto, y ha recordado que también existe este tipo de blindaje en otras siete instituciones financieras.

"El diploma aprobado prevé que los accionistas tengan que revisar periódicamente estas restricciones", ha explicado el primer ministro.

La medida sólo entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, y a partir de ese momento la legislación otorgará un plazo de seis meses "para que cada entidad confirme el límite en los derechos de voto".

El tema se encontraba encima de la mesa del Ejecutivo desde febrero, pero no fue hasta el pasado jueves que se aprobó la alteración en consejo de ministros, ya que prefirió esperar a "que las negociaciones (en el BPI) estuvieran concluidas para no interferir en el proceso", de acuerdo con Costa.

Caixabank y Dos Santos anunciaron un acuerdo el domingo día 10 para resolver la cuestión de Angola y evitar las sanciones de Bruselas, sin dar detalles sobre cómo se concretaría la operación, y ayer el BPI informó de que el pacto quedó "sin efecto" y responsabilizó a la inversora angoleña por ello.

Como respuesta, la entidad catalana ha formalizado hoy el lanzamiento de una opa para hacerse con el control de la firma lusa.

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