El defensor del pueblo pide a la banca que aclare los seguros de hipotecas

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a los bancos que redacten con más claridad las pólizas de los seguros que "imponen" a los clientes para concederles una hipoteca, debido a que ha habido discrepancias de interpretación a la hora de solicitar la cobertura del seguro.

En su informe correspondiente al ejercicio 2017, que se ha publicado hoy, Fernández Marugán recuerda que el asunto se remonta a 2011, cuando se puso en marcha una acción de oficio, que después se tradujo en una propuesta de modificación del Código de Comercio, presentada por el Ministerio de Justicia.

El proyecto regulaba la materia que recoge actualmente la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, explica el informe, que recuerda que las reformas que pretende introducir prevén reforzar la transparencia de los citados contratos para facilitar su interpretación y la descripción clara del siniestro cubierto, destacando las limitaciones y exclusiones.

En respuesta a la petición, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera se remite a la futura aprobación de la directiva de protección al consumidor que solicita un préstamo hipotecario, que prohibirá la venta de los servicios vinculados.

Asimismo, el defensor del pueblo pide información a la Secretaría de Estado de Economía sobre la reforma normativa que está en marcha para mejorar el actual sistema de protección del cliente y las alternativas para potenciar la eficacia de los actuales servicios de reclamaciones, defensores del cliente y servicios de atención al cliente, tanto del Banco de España como de la CNMV.

El problema data de 2014, cuando la institución recomendó a la Secretaría de Estado que arbitrara un sistema de reclamación extrajudicial "verdaderamente eficaz", para obligar a la banca a corregir su actuación cuando los citados servicios de reclamaciones fallaran a favor de los clientes, pues "algunas entidades" no lo hacían.

El defensor del pueblo también se refiere en su informe a los problemas surgidos en la aplicación de la nueva normativa del área única de pagos en euros (SEPA) a la hora de hacer una transferencia, pues es posible que la reciba una persona diferente al beneficiario por errores en la identificación de la cuenta o por falta de información en los recibos.

Tras hacer varias recomendaciones a la Secretaría de Estado de Economía sobre este asunto, una de ellas para establecer un sistema para que el usuario pudiera comprobar de forma inequívoca la identidad del beneficiario de la cuenta, Fernández Marugán muestra su perplejidad por que no se hayan seguido.

"El defensor del pueblo no puede comprender cómo un servicio de pago puede no incluir la verificación de la identidad del beneficiario de la cuenta en la que se hace el pago", que es una "entrega concreta" de dinero que se hace "a una persona o entidad concreta y determinada" y no a otra.

Por último, el informe también destaca que los inmigrantes en situación administrativa irregular o vulnerable ya pueden abrir una cuenta bancaria, como se recoge en el Real Decreto 19/2017 aprobado el pasado noviembre y que traspone la directiva europea sobre este asunto y como había solicitado la institución, a petición de su homólogo del País Vasco, el Ararteko.

Según el decreto, las entidades financieras están obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas a "aquellos potenciales clientes que residan legalmente en la UE, incluidos los que no tengan domicilio fijo, o a los solicitantes de asilo o que no tengan permiso de residencia, pero cuya expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho".

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