El Constitucional suspende el plan para el referéndum de 2017 en Cataluña

El Tribunal Constitucional suspendió este miércoles de forma cautelar la resolución del Parlamento de Cataluña aprobada el pasado 6 de octubre que desarrollaba un plan para la celebración de un referéndum sobre la independencia en 2017. El pleno de la corte de garantías, formado por sus 11 magistrados, paralizó el precepto de la Cámara catalana de forma automática al admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, contra varios apartados de la citada resolución.

Esa iniciativa, aprobada con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y la abstención de Catalunya Si Que Es Pot, implica la convocatoria de un referéndum vinculante y la convocatoria de unas «elecciones constituyentes» seis meses después si el 'sí' a la independencia vence por más del 50 % de los votos.

La suspensión del Constitucional afecta a los capítulos titulados 'Referéndum', 'Referéndum, amparo legal y garantías' y 'Proceso Constituyente', incluidos en el título primero sobre 'El futuro político de Cataluña'. Según el escrito de impugnación del abogado del Estado, dichos puntos contravienen hasta cuatro resoluciones dictadas por la corte de garantías sobre Cataluña desde noviembre de 2015.

En concreto, se menciona la sentencia del Constitucional de diciembre pasado (295/2015), que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución de la cámara catalana de 9 de noviembre «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015». También incumpliría los autos con los que la corte estimó dos incidentes de ejecución anteriores de la Abogacía del Estado, referidos a la resolución del Parlamento de Cataluña de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias, y la resolución de la misma cámara autonómica de 27 de julio de 2016, por la que se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

De acuerdo con lo previsto en el art. 92.1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el pleno acordó además dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña de la petición de la Abogacía del Estado para que, en el plazo de veinte días, formulen las alegaciones que estimen oportunas. Del mismo modo, la providencia de apenas dos folios recuerda que la corte deberá ratificar o levantar la suspensión cautelar en sentencia en un plazo no superior a cinco meses.

Advertencias personales

Asimismo, como viene siendo habitual en las resoluciones del Constitucional, en atención a la solicitud del abogado del Estado, los magistrados acordaron notificar personalmente la presente resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento, al secretario general, así como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y demás miembros del Consejo de Gobierno catalán.

El tribunal les advierte de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir» en caso de incumplimiento.

Por último, la corte requiere a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la citada Cámara para que, en el plazo de veinte días, emitan los informes sobre las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de la resolución suspendida este miércoles.

No obstante, el independentismo cerró filas este miércoles, mostró su compromiso inequívoco con la secesión y advirtió de que la suspensión decretada por el Constitucional de sus planes para celebrar el referéndum en septiembre de 2017 no conseguirá detener la hoja de ruta hacia la desconexión. «No nos distraerá, seguimos adelante», afirmó el portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull. «Celebraremos el referéndum», avisó Anna Gabriel, de la CUP. «Las urnas se pondrán», aseguró el portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, que se preguntó hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno central para frenar la celebración de un referéndum: «¿Irán con los tanques a quitar las urnas?, ¿enviarán matones?, ¿policías?" Gabriel Rufían, de Esquerra, tampoco se mordió la lengua y calificó el Constitucional de «brazo armado» del Estado para «perseguir y amenazar» al pueblo catalán. 

El independentismo cree además que la decisión del Constitucional liquida la operación diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central. La voluntad de hablar es una «farsa», en realidad estamos ante una operación «monólogo» practicada por un Ejecutivo que solo piensa en la judicialización de la política, dijeron en Junt pel Sí. La «operación diálogo acaba aquí», aseguró la CUP.

A pesar de la suspensión, el independentismo considera que la vía del referéndum está muy viva, pues tiene un plan B, ya que el pasado 6 de octubre el Parlamento catalán aprobó dos resoluciones a favor de la consulta soberanista: la que suspendió este miércoles el Constitucional, que tenía la firma de la CUP, y una segunda, impulsada por Catalunya sí que es Pot, que no fue impugnada por el Gobierno y por tanto sigue vigente. A este texto podrían agarrarse las fuerzas secesionistas para mantenerse operativas. «Tenemos un mandato democrático» y la decisión del Tribunal Constitucional «no variará la hoja de ruta», señalaron desde Junts pel Sí. «Culminaremos el proceso de independencia», afirmaron. 

Un ejemplo de cómo piensan ir sorteando los obstáculos es la cumbre sobre el referéndum prevista para el viernes 23 de diciembre, que en principio tendría que estar en el aire ya que su celebración forma parte de los preparativos suspendidos por el Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, como advierte el alto tribunal, Carles Puigdemont podría incurrir en el delito de desobediencia si convoca la reunión. 

Fuentes de Junts pel Sí, en cambio, señalaron que la cumbre se puede celebrar sobre la base de la resolución impulsada por Catalunya sí que es Pot. Ese texto, que fue aprobado por la marca catalana de Podemos y por Junts pel Sí, no habla de manera explícita de una cumbre, como sí hace la resolución suspendida, pero plantea una referencia parecida pues «insta al Gobierno a apoyar la construcción de espacios transversales de la sociedad civil» encaminados a «agrupar alrededor de la exigencia de celebración de un referéndum al máximo de fuerzas políticas, organizaciones sindicales y sociales, movimientos y entidades vecinales y sociales». Por ello, Junts pel Sí no vio «motivos» para que no se celebre la cumbre. «El Tribunal Constitucional no puede impedir una reunión. Si lo hiciese, los principios fundamentales de la democracia saltarían por los aires», dijo Jordi Turull. 

El pacto

Como con la cumbre, los independentistas utilizarán el recurso a apoyarse en la resolución de las confluencias de izquierdas para mantener la hoja de ruta. Las dos resoluciones apostaban por el referéndum, pero mientras la que está suspendida optaba por que los catalanes voten «como máximo» en septiembre de 2017 con «una pregunta clara y de respuesta binaria binaria», la otra evitó fijar límites temporales y reclamó la búsqueda de un pacto con el Estado central y la UE. Un acuerdo, que el Gobierno catalán da por imposible, como reconoció este miércoles Carles Viver Pi Sunyer, exvicepresidente del Constitucional y que es uno de los expertos juristas que trabajan para diseñar la ruptura. En una comparecencia en la Cámara catalana afirmó que Puogdemont le encargó en abril un informe sobre eventual referéndum acordado y su conclusión fue que a día de hoy ve más difícil celebrar un referéndum pactado con el Estado, como en Escocia, que llegar a la independencia de manera unilateral. Entre otras razones, argumentó, porque la consulta precisaría de una reforma constitucional más que improbable.