UGT exige recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de CyL

El sindicato UGT ha destacado hoy, tras conocer que el IPC se situó en septiembre en el 1,7 por ciento interanual en Castilla y León, en la necesidad de trasladar el crecimiento a las rentas de los trabajadores ante un momento de mejora económica como la actual.

Este porcentaje es el mismo dato que los tres meses anteriores, una décima menos que el dato medio nacional, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En dato mensual, los precios subieron tres décimas en Castilla y León, una más que la media nacional, con lo que en lo que va de año han bajado medio punto, dos décimas más que en el conjunto autonómico (-0,3).

Ante esta situación, UGT ha considerado en un comunicado que los altos niveles de desempleo, la elevadísima precariedad laboral y la intensa devaluación salarial, acentuadas por las reformas, hace que se cree empleo de muy escasa calidad.

Y así no se recupera el peso de las rentas salariales sobre el PIB. Además el crecimiento del consumo se realiza a costa del ahorro y del endeudamiento, lo que puede perjudicar el crecimiento y la creación de empleo.

El resultado es que los salarios persisten en niveles de miseria y la gran mayoría de las familias trabajadoras tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes. Cada vez hay más trabajadores pobres. El salario medio solo permite afrontar el 50% de los gastos de un hogar medio.

Así, UGT ha indicado que trasladará a la negociación colectiva y al diálogo social con las organizaciones empresariales la urgencia de establecer salarios mínimos de al menos 1.000 ?.

Es necesario que los salarios crezcan para que recuperen el poder adquisitivo perdido en los años anteriores y esto implica la inclusión de cláusula de garantía salarial en los convenios, apunta el sindicato.

Así, reclama la recuperación de poder adquisitivo de las rentas públicas: salarios de los empleados públicos, pensiones y otras prestaciones, y sin olvidar la elevación del SMI hasta 1.000 euros en la legislatura.

Además de ser de justicia social, es necesario para no dar al traste con el crecimiento económico, concluye UGT.

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