Con la corrupción al galope, el índice del paro desbocado y la inversión bajo mínimos, el nuevo gobierno tunecino afronta un complicado otoño en el que tendrá que conjugar la paz social con la puesta en marcha de las políticas de austeridad exigidas por Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Unas condiciones necesarias, admiten los expertos, pero que -como en otros países donde han fracasado- se sostienen en una agresiva reforma administrativa y financiera y una precariedad laboral que ya han desatado las primeras protestas populares, advierten.
"Sí, es fundamental completar la reforma fiscal y acabar con el mercado negro, que se ha desarrollado en exceso debido a la corrupción en las estructuras del Estado", explica a Efe una alta responsable del Banco Central de Túnez (BTC), que prefiere no ser identificada.
"En el BCT vemos el dinero, hay dinero en el país, pero no está en manos del Estado. Las arcas están vacías", señala con cara circunspecta.
Endémica desde tiempos de la dictadura policial de Zine el Abedin Ben Ali, la corrupción contra la que se alzó en 2011 la "revolución del Jazmín" ha rebrotado con fuerza en el último año como un crudo recuerdo de que el ayer nunca llegó a irse.
Un renacer que ha coincidido con el retorno de muchos políticos y empresarios que se enriquecieron en tiempos de la tiranía y a los que las autoridades han abierto puertas discretas con la excusa de recuperar el capital evadido.
En su informe semestral, publicado el pasado 30 de agosto, el jefe de la Comisión Anticorrupción, Chawki Tabib, reconoció que el Estado ha perdido alrededor de 1.000 millones de dólares de dinero público a causa de esta lacra y de la deficiente gestión.
"De continuar este ritmo, el actual nivel de corrupción amenaza con transformar Túnez en un país mafioso. Se ha convertido en una epidemia", recalcó Tabib antes de advertir que esta consume "el 25% del valor del mercado público".
Expertos políticos y financieros coinciden en que la revolución ha desembocado en un efecto no esperado de "democratización" de la corrupción: durante la dictadura estaba controlada y florecía en torno a la familia Ben Ali.
"En la actualidad alcanza a todos los niveles del Estado y de la sociedad", aseguran.
En su informe Tabib señala que la mayor parte de las denuncias recibidas están vinculadas al ministerio de Interior, responsable de la seguridad y la lucha contra el yihadismo.
"La única solución es aplicar la ley. Existen miles de informes (que prueban los delitos)", señala a Efe la responsable del BCT. "Pero también hay que formar magistrados especializados en crímenes financieros", subraya.
"También ayudaría crear una ley de Transparencia que incluyese extremos como las incompatibilidades entre el sector privado y el público o que controle a los empresarios que llegan a ministros", agrega.
Al perjuicio que causa la corrupción se suma, además, el fraude tributario que regularmente cometen tanto profesionales independientes como pequeños y medianos empresarios, que recurren a la doble contabilidad para eludir impuestos.
En este contexto, Yusef Chahed, el nuevo y joven primer ministro elegido para enderezar el rumbo económico y aplicar la austeridad, no ha tenido siquiera un día de respiro.
Su confirmación parlamentaria, la semana pasada, fue saludada con la enésima huelga en el sector de los fosfatos, uno de los más importantes, y nuevos ataques yihadistas en la inestable región montañosa limítrofe con Argelia.
"Esperemos que no suponga un preaviso de lo que está por venir. Hay que dejar trabajar al nuevo ejecutivo al menos 100 días" para ver qué iniciativas lanza, explica a Efe Ridá Baruni, miembro de partido islamista moderado Ennahda.
La formación, mayoritaria en el Parlamento, es una de las fuerzas que han instigado el cese del anterior primer ministro, Habib Essid, y que más se ha implicado en este llamado gobierno de "salvación nacional".
Un gabinete del que solo se han desmarcado los partidos de izquierdas, como el Frente Popular, dispuesto a agitar las calles para frenar políticas "que irán en contra de la clase obrera y de las capas populares".
"No hemos querido participar ni en el pacto de unidad nacional ni en el Gobierno porque consideramos que simplemente se trata de una manipulación política para sacar al partido gobernante Nidá-Tunis de su crisis", explica a Efe el diputado Nizar Amami.
Este Gobierno no puede atajar problemas heredados como el paro, la corrupción y la desigualdad regional, "cuando las inversiones internas y externas han caído", argumenta.
"Las movilizaciones populares y las protestas sindicales crecerán porque el sector público despedirá y congelará la contratación, las ayudas bajarán por falta de financiación y la carestía de la vida aumentará a causa del alza diario de los precios", vaticina.
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