El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha reclamado una reforma de la Ley de Estabilidad para adaptarla al funcionamiento de un estado federal, en el que todas las administraciones participen en la toma de decisiones y la fijación de horizontes fiscales.
Soler ha denunciado que "la Administración central se ha apropiado de la gestión de la estabilidad" y lo ha hecho "siendo juez y parte para favorecer sus propios intereses", según ha informado la Generalitat en un comunicado.
"De la reducción total del gasto llevada a cabo en el periodo 2011-2015, el 95 % la han realizado comunidades autónomas y ayuntamientos, y el 5 % el Estado", ha explicado el conseller.
Soler ha asegurado que "las comunidades autónomas han reducido el gasto en mucha mayor medida que el Estado, que en ocasiones incluso lo ha incrementado", pero que "existe el prejuicio de que las comunidades autónomas son despilfarradoras, cuando la realidad muestra justo lo contrario".
"¿Dónde ha estado el riesgo moral en el comportamiento de unas comunidades que han reducido el gasto real en sanidad, educación y protección social un 9 % y en el resto de competencias un 26 %? ¿Dónde en aquellas que, además, han aumentado el esfuerzo fiscal, como señala la Airef?", ha reclamado el conseller.
Soler ha asegurado que "el horizonte de los ingresos fiscales no puede fijarlo una sola de las tres administraciones que existen constitucionalmente en España", ya que "las tres administraciones gestionan competencias y todas ellas configuran conjuntamente el Estado".
"Por ello pedimos una reforma de la Ley de Estabilidad, no en cuanto a sus principios y objetivos que podemos compartir, sino en cuanto al modelo de toma de decisiones", ha explicado el titular de Hacienda valenciano.
"Según esa vara de medir, ¿en qué riesgo moral habrá incurrido la Administración Central que no ha reducido su gasto en SPF y sólo lo ha hecho un 6 % en el resto de servicios, ha bajado los impuestos antes de las elecciones y financiado una mayor proporción de su gasto con déficit? ¿Por qué no se habla de eso?", se ha preguntado el titular de Hacienda.
Vicent Soler también ha abogado por una reforma que reasigne los recursos públicos en España para cubrir las competencias de cada administración.
"La cuestión aquí es si el conjunto de los ingresos fiscales de las administraciones públicas están asignados proporcionalmente al gasto que debe gestionar cada una de ellas según sus competencias", ha explicado Soler.
Ha explicado que "pese a todos los ajustes realizados en el gasto y para poder sostener mínimamente la educación, la sanidad y las prestaciones sociales", las comunidades autónomas "se han visto obligadas a endeudarse en 130.000 millones en el periodo 2008-2015".
En el mismo periodo la Administración central ha utilizado 55.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, quien a su vez ha recibido 141.630 millones en transferencias de la Administración central adicionales al nivel que recibía en 2007.
Soler ha explicado que en total, "representan 196.630 millones por encima de los recursos tributarios y las cotizaciones disponibles", y ha asegurado que lo más injusto es que esto "se ha hecho manejando la manija de los objetivos de déficit por parte del Estado para proporcionar una lectura de que la Administración central sí cumplía los objetivos y las comunidades autónomas no".
El conseller ha afirmado que "quienes han sufrido las consecuencias han sido los ciudadanos", porque "se ha perjudicado el nivel de prestación de los servicios de sanidad, educación y protección social que gestionan las comunidades autónomas".
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