Sandbox: Así será la ley que busca impulsar la innovación financiera

Sabedores de que el éxito del sector fintech español depende en gran medida de la innovación regulatoria, el Gobierno ha pisado el acelerador para aprobar en el Consejo de Ministros la Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero antes de las Navidades. Este nuevo marco legislativo (que cerró su fase de consultas en septiembre pasado) pretende impulsar la innovación en el sector a través de diferentes medidas. Entre ellas, va a eliminar la actual limitación por la cual las instituciones de capital riesgo no pueden invertir en compañías fintech, una iniciativa con la que se pretende incrementar la financiación de nuevos proyectos. 

Pero la pieza angular de la nueva legislación es la puesta en marcha del 'sandbox' regulatorio, un entorno de pruebas que permitirá que las startups de base tecnológica puedan realizar pruebas piloto con clientes reales, sin necesidad de cumplir todos los requisitos regulatorios que se aplican a las compañías ya establecidas. El objetivo de esta norma es que España continúe siendo una gran potencia bancaria, en un momento en el que miles de nuevos proyectos pretenden quedarse con una parte del negocio de los bancos tradicionales, ofreciendo servicios mejorados a través de la tecnología. Asimismo, el Gobierno probablemente haya tenido en cuenta las estimaciones de la patronal del sector, que elevan hasta 4.000 la cifra de puestos de trabajo que podrían crearse en los próximos dos años gracias al sandbox, cuando parece claro que la tecnología va a destruir miles (si no millones) de empleos en los próximos años. «La política financiera tiene que adaptarse para impulsar la innovación», dice el anteproyecto de ley al respecto.

Pero, ¿cómo se va a articular el sandbox regulatorio? Aunque aún no se conoce el texto definitivo, todo parece indicar que la nueva legislación recogerá las principales demandas de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que solicita que haya dos convocatorias al año para operar en pruebas, en las que puedan entrar entre 15 y 20 compañías cada vez. En cuanto a los destinatarios de la ley, el borrador dice que podrán participar «aquellos proyectos que aporten innovación financiera de base tecnológica y que se encuentren suficientemente avanzados para probarse».

Más allá del contenido concreto, los plazos y la implementación de la norma son los aspectos que más preocupan a los diferentes actores implicados. En cuanto al timing, Rodrigo García de la Cruz, presidente de AEFI, explica que es muy importante que se apruebe cuanto antes para situar España entre los primeros países de la zona euro en contar con un 'sandbox' (solo Holanda tiene uno aunque Francia está ultimando otro): «Tres meses nos pueden llevar a ser líderes en Europa pero, si tardamos un año, habremos retrocedido 10 porque el impacto de ser pioneros se pierde. Si España es de las primeras, muchas compañías europeas querrán venir. Hay muchos emprendedores que están esperando a que salga el sandbox para poder ser supervisados cuanto antes». Y es que, para una startup, poder trabajar estrechamente con el regulador para que entienda el modelo de negocio y, potencialmente, salir del entorno de pruebas con una autorización para operar supone un importante espaldarazo, tanto para encontrar clientes como inversores, tal y como se ha observado en los países que tienen un 'sandbox' en vigor (con Reino Unido a la cabeza). García de la Cruz también destaca que es importante que, cuando entre en vigor, el acceso sea fácil y su funcionamiento «ágil y flexible», para que sea un «éxito» y derive en la aprobación de licencias, el aumento de la financiación y la implementación de nuevos reglamentos y normas adaptadas a la nueva realidad del sector financiero.

Sin embargo, para poder ofrecer una implementación a la altura de estas demandas se necesitan recursos y personal especializado, una cuestión que históricamente se ha criticado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), uno de los reguladores que participará en el sandbox. La patronal bancaria, AEB, incide en este aspecto: «Para que realmente se puedan aprovechar los beneficios potenciales de la introducción de un sandbox se requiere de recursos técnicos y humanos suficientes en las autoridades encargadas de su supervisión, además de una coordinación entre las diferentes autoridades implicadas según la naturaleza de los proyectos. Sin una dotación adecuada para su puesta en marcha, el potencial de un sandbox podría quedar mermado y se desaprovecharían las oportunidades que brinda al mercado nacional en términos de innovación y competitividad».

P­­recisamente, esta circunstancia es la que lleva al experto Pau A. Monserrat, economista del comparador enfintech.com, a sentenciar que el proyecto de sandbox «va a ser un fracaso». «Un 'sandbox' podría funcionar si tuviéramos un regulador, sobre todo la CNMV, que hubiera demostrado que es capaz de actuar en tiempo real. Pero, con los recursos que tiene la comisión, creo que no va a funcionar. Me parece más un tema publicitario que un tema que vaya a ser útil para el cliente», dice este especialista. Monserrat argumenta su postura en base a los casos de dudosa praxis bancaria que han salido en los últimos años a la palestra (preferentes, cláusulas hipotecarias, etc.), que los reguladores no fueron capaces de atajar a tiempo. «Si con una regulación sólida, más que testada, el Banco de España y la CNMV no llegaron nunca a adelantarse a los problemas que tiene la banca, mucho menos lo van a hacer con un banco de pruebas, donde hay empresas muy recientes, con una organización muy básica, poco historial y con un tipo de producto nuevo, que está en constante creación», opina. «Las fintech necesitan operar con menos requisitos que los bancos a nivel de solvencia. Por lo menos, al inicio. Pero la relación con los clientes debería ser tan rigurosa como la de los bancos si cumplieran la ley», añade Monserrat, quien asevera que, ahora mismo, hay startups fintech anunciando en televisión productos que no se ajustan a la ley, como minicréditos a tipos de interés usureros.

García de la Cruz está en desacuerdo. «A día de hoy, en el sector fintech hay muy pocos casos de fraude o mala imagen y el sandbox va a limitarlos o minimizarlos. Va a permitir tener un observatorio constante de las iniciativas innovadoras del sector», explica. La AEB también opina que el sandbox ofrece una protección adecuada: «Esta herramienta se diseña para hacer compatibles la innovación en los servicios financieros con la necesaria protección del consumidor y la estabilidad financiera. El 'sandbox' regulatorio es una herramienta muy potente al servicio tanto del sector privado como de las autoridades financieras españolas, en la medida en que permite el aprendizaje mutuo sobre los riesgos y oportunidades de la aplicación de nuevas tecnologías y del desarrollo de nuevos modelos de negocio en un entorno seguro y limitado y bajo una monitorización exhaustiva de los riesgos, con esquemas de salvaguarda para la muestra».

Siete cautelas para el cliente

En concreto, el anteproyecto establece siete cautelas para los consumidores que contraten servicios con alguno de los proyectos piloto: «consentimiento informado y protección de datos; derecho de desistimiento en todo momento; responsabilidad del promotor en caso de daños y perjuicios patrimoniales que sean consecuencia directa de la realización de pruebas; garantía por daños; confidencialidad; seguimiento supervisor durante todo el ejercicio de pruebas; y, finalmente, posibilidad de interrupción de las pruebas, entre otros, en caso de mala práctica o incumplimiento de la legislación o del protocolo». El objetivo de estas salvaguardias y del proyecto en su conjunto es «asegurar que la transformación digital no afecta en modo alguno al nivel de protección del consumidor de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad de los mercados, ni facilita de ningún modo la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», añade el anteproyecto de ley.