Las cajas de ahorros y la banca pública enfrentan a viejos y nuevos partidos

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Las cajas de ahorros y una banca pública han enfrentado a los viejos y nuevos partidos políticos que han investigado en el Congreso la crisis financiera y que ha concluido con un dictamen de mínimos, muy criticado por Cs y Podemos al no señalar a los "culpables".

La Comisión del Congreso que inició sus trabajos en julio de 2017 ha concluido con más de un centenar de propuestas y con un informe que ha recibido duros reproches de Ciudadanos porque afirman que pasa por alto la responsabilidad que tuvieron los políticos en la gestión de las cajas de ahorros.

La formación naranja critica el "bipartidismo" del PP y del PSOE y considera que se han unido para evadir responsabilidades en la época del "boom" inmobiliario donde políticos de uno y otro partido se sentaban en los consejos de administración de las cajas y no frenaron el crédito.

Unidos Podemos también se queja de que el informe no apunte a la "inacción" de los gobiernos del PP y del PSOE ante la burbuja inmobiliaria y critica que ambos partidos se hayan apoyado mutuamente para sacar adelante sus propuestas y hayan dejado fuera las reclamaciones de banca pública de la formación morada, de Compromís y de ERC.

Y es que la comisión nació bajo la discrepancia de Ciudadanos y Podemos que pidieron las comparecencias de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, al ser los dirigentes que vivieron el origen de la crisis y su gestión.

Finalmente la lista de comparecientes, que ascendió a más de 80, se centró en ministros y exministros económicos y populares y socialistas argumentaron que fueron los verdaderos gestores.

Ahora el documento que contempla hasta el 90 % de todas las propuestas de los partidos recibirá votos particulares con las medidas que se han quedado fuera con el fin de que todo el dictamen sea votado en el primer Pleno del Congreso de febrero.

Este dictamen refleja la necesidad de que haya más independencia en los organismos supervisores, mayor regulación en los productos financieros más complicados y mayor vigilancia sobre nuevos productos, como el bitcóin, al tiempo que aboga por sanciones más duras y una mayor educación financiera.

Por su parte, el informe hace un repaso a la situación económica internacional y nacional desde el 2000 y tras señalar un exceso de liquidez a nivel internacional, "que unido a una unión monetaria incompleta favoreció la creación de factores de riesgo", critica el exceso de crédito al sector de la construcción y a las actividades inmobiliarias, que entre 2000 y 2008 concentró el 63 % de todos los préstamos privados.

Según el documento "el sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo" al tiempo que señala que "en todo caso, el crecimiento de la demanda de crédito por parte del sector familias hace que bancos y cajas de ahorros entren en un periodo de pugna por la captación de nuevos mercados en la concesión de créditos".

También achaca al Banco de España y a la CNMV cierta pasividad a la hora de atajar la crisis y afirma que "se deduce que había herramientas disponibles, pero que no se usaron por falta de voluntad política".EFECOM

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