La regulación sobre seguros no convence ni a la industria ni a los asegurados

Tras años de espera, el Gobierno acaba de aprobar el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados cuyo objetivo es aumentar la protección del asegurado. La norma no convence ni a la industria ni a sus clientes porque consideran que no evitará las malas prácticas en el negocio de banca seguros.

Aumentar la protección de los asegurados mediante el incremento de la transparencia, evitando conflictos de interés o diseñando productos más adecuados para el consumidor y establecer unas condiciones de competencia equitativa para todos los operadores del sector, adecuadas y proporcionadas en los distintos tipos de canales de distribución, son los principales objetivos que se ha planteado conseguir el Gobierno al aprobar el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, con el que se transpone la Directiva de Distribución de Seguros (IDD). Pero esta normativa, muy esperada por el sector, no ha convencido. 

«Era absolutamente necesaria, ya que con la aparición de las nuevas tecnologías han surgido nuevos modos de comercializar los seguros por lo que se hacía imprescindible una normativa que recogiera otros supuestos. Sin embargo, nos parece que la norma aprobada por el Consejo de Ministros no será suficiente para evitar las malas prácticas en sectores como los seguros comercializados por la banca», asegura Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). 

También Luis María Sáez de Jáuregui, director de Distribución de AXA, cree que esta norma «no llega a conseguir la protección total del consumidor» y pone como ejemplos de este 'fracaso' la recuperación en el proyecto de ley de la figura del agente vinculado y que ciertas malas prácticas en banca seguros denunciadas por los colegios profesionales de mediación no se corrigen con la nueva regulación. «Hay aspectos estructurales que el proyecto de ley mantiene y que no cambian porque han funcionado bien y es razonable que permanezcan. Sin embargo, los aspectos aceleradores para la protección del consumidor han ido más por la vía coercitiva y no tanto para evitar malas prácticas de mercado denunciadas por los colegios de mediación y focalizadas en banca seguros, con precios más elevados de lo que es la lógica normal del mercado».

Por su parte, la asociación de consumidores de productos financieros Adicae se muestra más radical y señala que el proyecto de ley es de «mínimos», por lo que no impedirá que se contagien al sector del seguro «los vicios del sector financiero».

AUMENTAN LAS SANCIONES

Con su objetivo de proteger al asegurado, la norma refuerza el régimen de infracciones y sanciones y establecen procedimientos específicos para canalizar las denuncias en materia de distribución de seguros y reaseguros. A juicio de Jáuregui, las medidas sancionadoras «no eran necesarias porque en el mercado asegurador español no se han producido malas prácticas ni desde el negocio asegurador más tradicional ni desde el negocio asegurador financiero. Estas malas conductas solo se han producido en el sector bancario y con productos concretos».

Sin embargo, para Suárez el aumento de las sanciones «era necesario», ya que «el cambio de conducta de muchas entidades está relacionado con la posibilidad de recibir sanciones contundentes».

PRODUCTOS DE INVERSIÓN

El proyecto de ley establece también requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros. Con ello se pretende evitar conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente. En este sentido, se debe informar al asegurado de todos los costes y gastos asociados, advertirle sobre los riesgos que conllevan los productos de inversión basados en seguros o en determinadas estrategias de inversión propuestas y proporcionarle una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento. 

Pero estos requisitos pueden ser «un arma de doble filo», apuntan desde Adicae, ya que «el exceso de información hace descansar exclusivamente en el consumidor la responsabilidad en la toma de decisiones, algo inaceptable desde el momento en que las aseguradoras tienen toda la información». Añaden que «estos mecanismos que se establecen son fácilmente manipulables y no deberían constituir prueba suficiente sobre el adecuado asesoramiento y prevención al cliente». 

Informar al cliente sobre los costes y gastos asociados a un producto de inversión podría hacer que los consumidores redujeran su inversión en ellos, señala Patricia Suárez, ya que «la mayoría de estos productos tienen una rentabilidad muy baja y unas comisiones fijas que pueden suponer que no haya ahorro o, incluso, que se produzcan pérdidas. En estos casos, si se comercializa con transparencia, probablemente haya un descenso en la contratación». No obstante, «es importante que el cliente sepa lo que contrata, para qué lo contrata y la cobertura que recibirá en su caso», añade.

VENTAS VINCULADAS

La nueva regulación introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo. El distribuidor de seguros deberá informar si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada e indicarle los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente. Según Patricia Suárez con esta medida «debería reducirse esta práctica», pero «lo cierto es que muchas de estas prácticas ya están prohibidas y aún así se producen. En el sector de la banca es habitual».

Para Adicae, el proyecto de ley «legitima» las ventas vinculadas y combinadas, «cuando debería someterlas a unas reglas sumamente claras o restringirlas totalmente». Según fuentes de esta asociación, «el Gobierno debe limitar esa fuente de abusos y conflictos derivados de esta peculiar forma de suscribir estos contratos».

El proyecto de ley también modifica la estructura del mercado de la distribución de seguros y reaseguros, fijando la tipología de distribuidores y los requisitos para acceder a esta actividad. En total, afectará a más de 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los sujetos a la supervisión de las autonomías y a todas las entidades que distribuyan seguros directamente.

MÁS COMPETENTES

Respecto a los requisitos para acceder a la actividad, la nueva regulación refuerza los de profesionalidad y competencia de los mediadores, así como de los empleados de aseguradoras que intervengan en la distribución de seguros, de forma que sus conocimientos estén en consonancia con el nivel de complejidad de sus actividades. En opinión de la presidenta de Asufin, estos requerimientos mejorarán la imagen del sector y los asegurados tendrán un interlocutor más formado, mientras que «ahora tenemos sectores en los que un comercial sin formación tiene como objetivo 'colocar' seguros que el cliente probablemente no necesita».

LAS CLAVES

El objetivo del nuevo proyecto de ley es aumentar la protección del asegurado.

Establece condiciones de competencia equitativa para los operadores.

El asegurado tiene que estar informado de los costes y gastos asociados a los productos de inversión y advertido de sus riesgos.

Se refuerza el régimen de infracciones y sanciones y aumentan los requisitos para acceder a la actividad.

Se introduce el concepto de ventas vinculadas.

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