La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, ha impuesto un total de 103 sanciones a seis empresas en Euskadi por no respetar la Ley de la Cadena Alimentaria, que regula los contratos entre agricultores y distribuidores, el plazo de cobro y los precios.
El importe total de las sanciones impuestas, la mayoría por incumplir los plazos de pago, ascienden a 300.000 euros, de los que el 78 % corresponde la distribución, tanto mayorista como minorista, y el 22 % a la industria.
Estos datos han sido dados a conocer hoy por el director de esta agencia, José Miguel Herrero, en rueda de prensa en Vitoria.
Herrero ha especificado que desde que se puso en funcionamiento esta agencia en enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la AICA ha llevado a cabo en Euskadi un total de 46 inspecciones de oficio, la mayoría en el sector vitivinícola (13) y en el oleícola (12).
Esas inspecciones han derivado en 103 sanciones. El 90 % de ellas se concentraron en 2016, un dato que según ha reconocido Herrero demuestra que en Euskadi se ha ido mejorando en el cumplimiento de la normativa.
Además el director de la AICA ha indicado que el País Vasco es una comunidad autónoma que "cumple bastante bien la ley" ya que el número de sanciones que acumula son pocas en comparación con otras como Madrid, Cataluña, Galicia y Asturias, estas dos últimas especialmente por irregularidades en el sector lácteo.
De cara a 2018 el objetivo es intensificar los controles en los plazos de pago para combatir la morosidad. También la vigilancia sobre las bodegas y el sector vitivinícola.
Herrero ha explicado que la agencia se creó para controlar las relaciones comerciales entre compradores y vendedores, y que se encarga de vigilar la existencia de contratos por escrito entre las partes en un sector que habitualmente ha funcionado a través del trato. Se trata de pasar del "trato al contrato", ha explicado.
También vigila que se establezca un precio determinado en el contrato para los productos, que no se modifique de manera unilateral el mismo y que no se impongan pagos adicionales sobre el precio ya establecido.
Otro ámbito de control es el cumplimiento de los plazos de pago, -de 30 días para los productos perecederos y de 60 para el resto-, uno de los ámbitos que más sanciones genera.
En el conjunto del Estado, el pasado año la AICA llevó a cabo 1.882 inspecciones de oficio y un total de 3.669 desde que comenzó su actividad en 2014.
Los controles de estos cuatro años han generado 922 sanciones por un importe superior a los 9,2 millones de euros. Solo el pasado año se impusieron 573, el 62 % de la cifra total.
Herrero ha asegurado que desde que existe la agencia ha mejorado la situación en el conjunto del Estado y ha insistido en que la AICA es un instrumento al servicio del sector agroalimentario, que actúa de oficio pero también cuando recibe alguna denuncia.
Finalmente ha indicado que la AICA no se encarga de investigar las denuncias por "venta a pérdidas", que es competencia de las comunidades autónomas, una práctica prohibida por la Ley del Comercio Minorista que se produce cuando el distribuidor vende por debajo de la factura del fabricante. En Euskadi ha habido 21 denuncias por este motivo desde 2014.
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