Herranz alerta de insuficiencias de directiva sobre abusos comerciales

La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz ha destacado el avance que supone la nueva propuesta de Directiva sobre prácticas abusivas en la cadena alimentaria, pero ha alertado del riesgo de que pueda resultar "insuficiente" por limitar su ámbito de aplicación.

El PP riojano, en un comunicado, ha explicado que la eurodiputada riojana ha considerado que el nuevo texto limita su aplicación a "operaciones entre pequeñas y medianas empresas proveedoras y grandes establecimientos comerciales quedando así desprotegidas todas las demás".

El Parlamento Europeo, que llevaba demandando esa normativa desde hace cerca de 10 años, ha acogido favorablemente la propuesta, ya que presenta elementos positivos como el establecimiento de una lista de prácticas prohibidas y la creación de autoridades nacionales de control con poder sancionador.

Sin embargo, la eurodiputada riojana ha manifestado su preocupación sobre el ámbito de aplicación de la Directiva, ya que la propuesta se limita a los proveedores de PYMEs por una parte y a los compradores de grandes empresas, por otra.

"De esa forma, los pequeños comercios quedarían desprotegidos ante grandes empresas agroalimentarias, cuando todos, independientemente del tamaño deberían estar cubiertos por la nueva regulación europea", ha dicho la eurodiputada riojana.

Por otra parte, Esther Herranz ha señalado que la Comisión Europea "no introduce la obligatoriedad de establecer contratos por escrito, contrariamente a lo recogido por la Ley española de la Cadena Alimentaria", que en otros puntos del proyecto ha servido de referente.

"Este texto legislativo ha de ser además una herramienta para combatir el miedo a la presentación de denuncias por parte de las víctimas de los abusos", debido a que se prevé la protección del anonimato de los denunciantes, ha señalado Herranz.

En su opinión, el "factor miedo" por las represalias a las que podrían verse sometidas las víctimas de los abusos es uno de los principales frenos a la hora de dar a conocer esas prácticas a las autoridades competentes.

Las prácticas abusivas realizadas principalmente por la gran distribución provocan unos daños económicos que ascienden a 10.000 millones de euros anuales según un estudio de 2013, mencionado por la Comisión Europea en su propuesta.EFE

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