El problema de la vulnerabilidad energética puso en entredicho las políticas de los Gobiernos, superados por la crisis desde hace una década, y las estrategias de las compañías eléctricas, con una popularidad que caía a ritmos agigantados. El 15 de noviembre de 2016 esta realidad vivió su peor momento cuando una anciana de Reus (Tarragona) fallecía por el uso de velas para iluminar su vivienda ante la imposibilidad de pagar las facturas de la luz. Desde entonces, el Ejecutivo y los partidos han acordado un nuevo sistema de ayudas, que no termina de cuajar, y las corporaciones del sector han extendido planes de apoyo con los que prácticamente han cubierto a la totalidad de sus clientes. La preocupación sigue ahí, pero mucho más apaciguada por las últimas actuaciones que hubieran evitado más de un quebradero de cabeza familiar durante la crisis.
La situación por la que pasa el bono social es un fiel reflejo de cómo se está comportando el mercado eléctrico para los pequeños consumidores. Desde que en octubre del año pasado se pusiera en marcha la nueva ayuda para abonar el recibo de la luz entre los colectivos más vulnerables, las compañías solo han recibido unas 600.000 solicitudes de ciudadanos para acogerse a estos descuentos de entre el 25% y el 40% en la parte de consumo, dependiendo de la renta de cada hogar y de la situación por la que atraviese. La recepción de peticiones apenas alcanza todavía un 25% de 2,4 millones de usuarios que hasta ahora tenían concedido el bono social, aunque no en todos los casos tienen por qué ser receptores de la nueva subvención, al haber cambiado las condiciones. De todos ellos, se han aprobado 264.000 expedientes, un 10% de quienes disfrutaban del bono.
La evolución de estos niveles ha sido tan bajo en los seis últimos meses que el Ministerio de Energía había habilitado otro medio año para que los nuevos perceptores puedan tramitar sus solicitudes hasta el próximo 10 de octubre. En el último mes, las eléctricas han notado un cierto dinamismo en el interés de los usuarios por el bono social, porque a mediados de marzo apenas habían recibido un 15% de peticiones con respecto a los anteriores beneficiarios de este sistema.
En el caso de Iberdrola, han recibido 278.000 solicitudes de bono social -tenían 860.000 clientes en el anterior sistema- y han aceptado 179.000, que son las que cumplen las condiciones establecidas en la norma. En Endesa, 258.777 peticiones -contaban con 917.000 usuarios antes- con la aprobación de casi 66.000 casos. En Gas Natural Fenosa, 58.319 interesados -acumulaban más de 400.000 clientes en estas condiciones- con el visto bueno a casi 19.200 familias. Y en EDP, 20.348 solicitudes -registraban unos 56.000 perceptores del bono- con 17.394 aprobaciones.
Al aprobar el nuevo reglamento del bono social, con el que se querían evitar más casos de fallecimientos como el de la anciana catalana, el Ministerio de Energía ya había previsto que hasta un 45% de los beneficiarios de la subvención no accederían a la misma, al no solicitarla por desconocimiento, falta de interés y otras situaciones personales, aunque muchos usuarios se quejan de las trabas burocráticas que tienen que superar para acceder a este sistema de ayudas.
Interrupciones, en mínimos
El conflicto social provocado por los cortes de suministro como consecuencia del impago de las facturas también se ha reducido en el último año hasta mínimos que no se veían desde antes de la crisis. Entre las dos grandes compañías, que son las que más clientes domésticos aglutinan -Iberdrola y Endesa- se registraron el año pasado unos 85.000 cortes en toda España. Esta cifra supone una reducción del 72% con respecto al ejercicio anterior. En el caso de Iberdrola, practicó 30.060 cortes en 2017, frente a los casi 142.000 de 2016 y los 578.628 casos registrados en 2013, el peor año de la crisis. Por parte de Endesa, cerró el año pasado con unos 55.000 cortes, según consta en su Informe de Sostenibilidad, frente a los casi 161.000 de 2016 y los 352.000 de hace seis años. Además, en la mayor parte de esos casos la desconexión del sistema eléctrico no llega a las 48 horas. La otra gran compañía, Gas Natural Fenosa, no ofrece estos datos.
Desde Endesa reconocen que la reducción de los cortes de luz se ha visto condicionada por el nuevo procedimiento de suspensión de suministro previsto en la ley que entró en vigor el año pasado. Por ello, para adaptarse al nuevo procedimiento, en 2017 «paralizó las suspensiones de suministro hasta que la nueva operativa estuviera implantada». En Iberdrola explican que la caída se debe al «incremento de la cobertura de políticas de protección a clientes vulnerables», la firma de convenios con administraciones públicas y organizaciones sociales (ONG), así como los propios cambios de regulación normativa de los últimos años.
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