Eurocámara pide excluir servicios públicos de la negociación del tratado TiSA

El pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió hoy que la Unión Europea (UE) excluya los servicios públicos del tratado global para liberalizar los servicios (TiSA), actualmente en negociación con países de todo el mundo, y que garantice el derecho a regular por el interés general.

La Eurocámara aprobó por 532 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones una resolución con recomendaciones para la Comisión Europea (CE), que negocia este acuerdo en nombre de los veintiocho Estados comunitarios.

"Si nuestras recomendaciones son respetadas, TiSA dará más derechos a nuestros ciudadanos en casa y eliminará algunos obstáculos para nuestras compañías en otros países. Si no, el Parlamento no dudará en vetar el acuerdo", advirtió en un comunicado la ponente del texto, Viviane Reding, del Partido Popular Europeo.

El PE no puede participar en la negociación ni introducir enmiendas en el texto que cierre la Comisión, pero sí puede aprobarlo o rechazarlo en bloque.

El acuerdo sobre el comercio de servicios lo negocian actualmente 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -incluidos la UE, Estados Unidos, Japón, México y Turquía- que representan el 70 % del sector.

Los eurodiputados dejan claro que deben estar excluidos del tratado los servicios públicos en la UE como la educación, la sanidad, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y los servicios audiovisuales.

Por otra parte, insisten en que el derecho de los legisladores comunitarios, nacionales y locales para regular en defensa del interés público debe ser protegido, igual que su derecho a cambiar de opinión en caso de que deseen volver a nacionalizar servicios que previamente estaban abiertos a la competencia.

Además, creen que la protección de datos de los ciudadanos en el acuerdo debe respetar los estándares actuales y futuros y que la UE ha de aceptar sólo trabajadores extranjeros de alta cualificación con contratos y por periodos de tiempo limitados.

La resolución insta a incluir una cláusula de revisión que permita a un firmante del acuerdo abandonarlo o revertir sus compromisos liberalizadores en caso de vulneración de los estándares laborales y sociales.

Para proteger a las empresas europeas de la competencia desleal en el extranjero, pide reciprocidad en la apertura de mercado, teniendo en cuenta que los servicios europeos ya están más abiertos a la competencia exterior que los de sus socios.

En concreto, reclama apertura en los sectores de contratación pública, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros y digitales.

Asimismo, solicitan limitar las prácticas restrictivas que terceros países aplican a las compañías europeas, como la limitación al capital extranjero en el accionariado, y menos carga burocrática para las pymes, que carecen de los recursos humanos y financieros para hacer frente a la legislación comercial internacional.

El Parlamento también quiere salvaguardas y más información para los europeos que viajan y utilizan servicios en el extranjero, como las telecomunicaciones en itinerancia o las comisiones por el uso de tarjetas de crédito, y garantías contra el correo electrónico no deseado y la geolocalización.

Los eurodiputados respaldan la propuesta de China de unirse a las negociaciones y la posibilidad de ampliar a otras partes el acuerdo en el futuro.

Por último, instan a la CE a dar "más información contrastada al público", explicando cada parte del acuerdo, y publicar informes detallados de cada ronda negociadora en su página web.

La asociación europea de consumidores, BEUC, afirmó en un comunicado que las medidas para protegerlos "no deben ser un obstáculo para el comercio" y consideró que las recomendaciones del PE son "cruciales para un acuerdo equilibrado".

Las negociaciones del TiSA, que no tienen plazo para cerrarse, se iniciaron formalmente en marzo de 2013 y en septiembre los participantes acordaron un texto de base.

Hasta julio de 2015 se habían celebrado trece rondas de negociación.

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