Economía.- Los auditores proponen al nuevo Gobierno diálogo para eliminar los problemas de la nueva Ley de Auditoría

Los profesionales consideran que la reforma de la Ley tendría un efecto positivo en el conjunto de la economía española

Los profesionales consideran que la reforma de la Ley tendría un efecto positivo en el conjunto de la economía española

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, ha destacado este jueves que la auditoría, como sector fundamental para el crecimiento económico sostenible, necesita un marco regulador adecuado. "Es fundamental modificar la nueva Ley de Auditoría (LAC) para evitar la pérdida de competitividad que genera y favorecer la inversión y la creación de empleo".

El ICJCE, la corporación que representa más del 80 por ciento de la facturación del sector, considera prioritario apostar por un diálogo fluido con el nuevo Gobierno y los grupos parlamentarios para solucionar los dos problemas principales de la LAC: el contenido del informe y la independencia del auditor. Junto a estos dos aspectos, también se señala como un paso atrás la normativa sobre el funcionamiento del Comité de auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Respecto al contenido del informe, Mario Alonso ha destacado que, a diferencia de la práctica generalizada en el resto de la UE, en España "se ha introducido la misma complejidad en los trabajos realizados para empresas cotizadas que en los dirigidos a pequeñas y medianas empresas", lo que encarece sin necesidad su elaboración y genera confusión en miles de compañías.

En cuanto al marco regulador de la independencia, desde el ICJCE se señala que el sector es consciente de que debe realizar un mayor esfuerzo para que ciudadanos y usuarios de información financiera perciban unos mayores niveles de independencia. Pero también advierte de que la redacción de la LAC, al resultar tremendamente compleja y difícil de interpretar, supondrá una barrera para mejorar en este elemento, por eso, "es urgente sentarnos a dialogar con el nuevo Gobierno y con los principales partidos políticos para eliminar la inseguridad jurídica existente en estos momentos".

Asimismo, en el marco de la celebración de la XXIII edición del Congreso Nacional de Auditoría, Alonso ha señalado que "este congreso llega en un momento necesario, nos encontramos con una ley que no tiene reglamento y urge que se acometa su redacción lo antes posible".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Auditores del Sector Público, Pere Ruiz, ha anunciado que, "el hecho de que el sector público tenga una forma de control propia no resulta un marco válido, ya que en el ámbito local el control público es mucho menos eficaz y eficiente que a nivel estatal o autonómico".

Además, ha destacado el hecho de que la aplicación de la auditoría privada no es de aplicación al ámbito público. Por ello, explica, "en muchos ayuntamientos pequeños, medianos y grandes, al no haber regulada una función clara del auditor privado, carecen de una auditoría ni público ni privada efectiva".

Asimismo, Ruiz ha expuesto posibles soluciones como apostar y apoyar una mayor colaboración entre auditoría pública y privada. De modo que, "manteniendo que la competencia pública es del órgano de control público, se debería de apoyar y reforzar una mayor presencia del auditor privado para aportar su profesionalidad, recursos y experiencia". Según ha explicado Ruiz, el hecho de que el auditor privado pudiera colaborar en una auditoría pública permitiría una mayor transparencia.

Y añaden que, "esto solo se podría conseguir con un marco legal adecuado, un cambio normativo que estableciera, por ejemplo, auditorías en ayuntamientos que fueran obligatorias cada cierto tiempo". En definitiva, "impulsar un cambio normativo que regule estas dos barreras de auditoría pública y privada, buscando unos mayores puntos de confluencia que permitan una mayor transparencia y confianza en las cuentas públicas".

Para ello, Ruiz ha afirmado que el cambio normativo requiere de la aprobación de tres agentes, "el agente privado, es decir, los auditores que estamos dispuestos; el político, que no lo sabemos, y los órganos de control públicos, como el Tribunal de Cuentas o intervenciones, que deberían manifestarse en ese sentido", ha concluido.

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