La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, emitió a última hora de la tarde de ayer un comunicado para salir al paso de la presión de su partido que, a través de las declaraciones de varios de sus responsables, le emplazó durante toda la jornada a dar explicaciones ayer mismo del caso Imelsa y que ha dejado imputado a todo el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, y en total, a medio centenar de concejales, asesores y exediles del PP local.
En el texto, Barberá hace alusión a la «pública petición por algunos miembros de mi partido y por la presión de los medios de comunicación» de explicaciones sobre la investigación que lleva a cabo el juzgado número 18. La exalcaldesa apela al secreto de sumario de la causa para remarcar que no debe «opinar ni comentar» nada de esa investigación. Barberá se remite a las declaraciones realizadas esta semana pasada, en las que negó que hubiera habido bajo su mandato «mordidas ni desvío a financiación ilegal». Por eso, reclama «mesura, profesionalidad y respeto al Estado de Derecho».
Barberá sostiene que la causa de Imelsa no tiene nada que ver con el grupo municipal popular, insiste en que las adjudicaciones seguían los criterios téscnicos, admite donaciones al partido «siempre desde la legalidad» e insiste en que no puede explicarse nada más mientras no se levante el secretio de sumario.
El silencio de Rita Barberá comenzaba a ser atronador en el partido. Todos en el PP, nacional o regional, esperaban que la actual senadora territorial explicara la situación por la que atraviesa el partido en la ciudada, con la imputació de casi todos los concejales y asesores que formaron parte de su lista electoral y de su gobierno en la pasada legislatura.
La exalcaldesa se ha quedado sin red. La dirección del PP, que bascula entre el respeto a la presunción de inocencia y la necesidad de proyectar una imagen limpia del partido, optaron ayer por dejar sola a Barberá en su defensa personal. La cúpula de los populares, en permanente contacto con quien es además senadora del partido, redobló su presión sobre la dirigente para empujarle a dar explicaciones, cuando, además, planea la necesidad de que adopte una decisión sobre su futuro una vez conocido que su todo el grupo municipal que lideraba está siendo investigado en el caso Imelsa.
Después de que los concejales del PP en el Ayuntamiento valenciano fueran citados a declarar por el presunto cobro de comisiones y la supuesta financiación ilegal de la formación, hay cargos en el partido que empiezan a cuestionarse si quien fue la alcaldesa pudo mantenerse al margen del nuevo escándalo de corrupción que ha vuelto a poner el foco en los populares.
Sin estar Barberá imputada ni llamada a declarar, la cúpula del PP intenta mantener la prudencia y se mueve con pies de plomo cuando se trata de decidir sobre quien ha sido un referente para el partido y para el presidente, Mariano Rajoy.
La dirección negociaba ayer con Barberá para ahorrarse y ahorrarle que el partido tenga que llegar a actuar contra ella. El primero en instarle públicamente a comparecer fue el vicesecretario de Organización del PP. Fernando Martínez-Maíllo señaló el pasado lunes, tras la reunión de dirección presidida por Rajoy, que es la senadora quien tiene que «dar explicaciones» y anticipó que lo haría a través de los medios de comunicación.
A la tesis de Martínez-Maíllo se sumaron ayer otros dirigentes como el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando, que advirtió además de que ya se han tomado decisiones «serias» y «graves», como suspender de militancia a los populares detenidos o aprobar que se imponga una gestora para hacerse con el grupo municipal en la ciudad valenciana. Declaraciones como las de la vicepresidenta primera del Congreso pusieron, además, en evidencia la soledad de Barberá. Celia Villalobos se zafó de las preguntas acerca de su compañera de filas recurriendo a que «eso es problema de Rita Barberá». E incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró no conocer su «gestión de cerca». «Yo sé lo que haría yo», contestó al ser preguntada. Ya nadie se atreve a sostener en público que la senadora esté totalmente limpia, como sí defendió el presidente del Gobierno en funciones el pasado miércoles. Y lo que se da por hecho es que la apertura de una investigación sobre Barberá cambiaría por completo la cautela del partido. De hecho, anoche Rajoy ya no pronunció esas palabras y reconoció que Barberá recibirá «el mismo trato que cualquier otro militante». En este sentido, la presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, también insistió ayer en que la exalcaldesa de Valencia debía salir cuanto antes a dar explicaciones.. «Si yo fuera Barberá me habría explicado ya».
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