Asturias apuesta por una financiación ligada a personas y no al territorio

El reto independentista de Cataluña retrasará e influirá en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica en el que el Gobierno asturiano y la mayoría de las fuerzas parlamentarias coinciden que debe garantizar el mismo nivel de servicios púbicos con independencia de dónde se viva y de la capacidad fiscal de los distintos territorios.

En estos términos se ha expresado la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo tras presidir la reunión de la Mesa de estudio y valoración de la financiación autonómica, en la que habían participado todos los grupos con representación en la Junta General del Principado hasta hoy, en que se ha descolgado Foro en protesta por no haber recibido el informe que desde hace años lleva reclamando para conocer los costes reales de los servicios asturianos.

Esta mesa ha sido la que ha hecho el seguimiento durante los últimos meses de los trabajos que llevó a cabo el grupo de expertos de todo el país que el pasado mes de agosto concluyó un informe con una serie de propuestas a tener en cuenta a la hora de revisar el modelo de financiación de las comunidades autónomas.

Para el economista Roberto Fernández Llera, que representaba a Asturias en ese grupo de expertos, de llevarse a cabo las medidas planteadas en ese informe, el Principado vería mejorado su nivel de suficiencia financiera ya que vería multiplicadas por ocho o nueve las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y vería reforzada su capacidad financiera.

No obstante, la consejera ha señalado que dado que hay muchas variables abiertas en el informe de los expertos difícilmente se puede determinar si Asturias saldrá ganando.

"No puedo adelantar si ganará en suficiencia financiera porque hay muchas cuestiones que están abiertas", ha subrayado Carcedo, que ha incidido también en que el Gobierno asturiano buscará apoyo en partidos, sindicatos y patronal, pero también en otras comunidades autónomas que mantengan posiciones similares "para reforzar sus planteamientos".

En la primera reunión de la mesa desde que se publicó dicho informe, Carcedo ha trasladado al PP, Podemos, IU, Ciudadanos y PSOE que tratarán de conseguir todos los recursos necesarios para financiar las competencias que hay transferidas al Principado y que todos han coincidido en que el modelo debe construirse sobre la base de que los tributos los pagan los ciudadanos y no los territorios y que, por lo tanto, el nuevo sistema no debe dar más recursos a determinadas comunidades por el hecho de que tengan más o menos capacidad fiscal.

Otra cuestión básica que defenderá Asturias pasa por garantizar la nivelación total en la prestación de servicios a través de distintos instrumentos y fondos, y por el mantenimiento del "status quo".

Aunque el informe de los expertos plantea acabar, de forma progresiva, con el 'status quo' de las comunidades autónomas a las que en un momento dado se les dio un reconocimiento especial y, con ello, una financiación más elevada, la consejera ha señalado que Asturias defenderá su mantenimiento en tanto no se vea compensado de otra forma y haya un sistema que permita calcular el coste real de los servicios transferidos.

Gobierno y partidos también se han mostrado contrarios a que se produzca una quita de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y por el desarrollo de un marco legal que permita ejercer con seguridad jurídica para evitar competencia fiscal y alta litigiosidad que ahora se da en materia fiscal.

En representación del PP, el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons ha señalado que este momento no es el más fácil y que posiblemente se alargue la reforma en el tiempo por la cuestión catalana, pero que, en todo caso, su grupo tiene muy claro que Asturias debe obtener la mejor financiación posible para garantizar sus servicios y que para lograr ese objetivo el Gobierno regional contará con todo su apoyo.

El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, ha criticado la "falta de valentía" del informe del grupo de expertos, al que ha acusado de no haber tomado nota de las lecciones de la crisis económica, de defender medidas dudosas como el copago para la financiación de algunos servicios y de dar un tratamiento frívolo a la deuda de las autonomías que, en su opinión, deberían verse castigadas en el nuevo modelo por los casos de corrupción que tengan.

Desde IU, Gaspar Llamazares ha trasladado su apoyo y compromiso para alcanzar un acuerdo en torno a este nuevo sistema de financiación en el que, en su opinión, hay que garantizar mecanismos de nivelación que garanticen el cien por cien de los servicios públicos.

El representante de Ciudadanos Armando Fernández, tras valorar positivamente el encuentro, ha asegurado que hay que alcanzar una posición consensuada para el modelo que avance en la corresponsabilidad fiscal, la lealtad institucional, la transparencia y que refleje los cambios profundos que necesita España.

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