La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado hoy un informe jurídico sobre las implicaciones jurídicas a las que se pueden ver expuestos los trabajadores públicos si ejecutan leyes relacionadas con el proceso independentista.
El informe se ha realizado mediante el análisis de sentencias del Tribunal Supremo y afirma que los trabajadores públicos catalanes "no cometerán ningún delito" por ejecutar órdenes del Govern de la Generalitat y el Parlament.
El coordinador de la sectorial de administración pública de la entidad independentista, Josep Antolí, ha advertido de que desde el Estado existe una "intencionalidad clara de poner a los trabajadores públicos de Cataluña en contra del proceso independentista y del Govern de la Generalitat".
Asimismo, el coordinador de la sectorial de la ANC de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, Joan Antoni Font, ha pormenorizado durante el acto el informe y ha descartado que los empleados públicos puedan verse afectados a nivel legal ante el "choque" de la legalidad española y la catalana.
"Es muy difícil que un trabajador público cometa un delito aplicando leyes del proceso siempre y cuando el Parlament y el Govern no le pase la patata caliente", ha afirmado Font que ha asegurado además que "es prácticamente imposible" que los funcionarios catalanes cometan delitos como desobediencia, prevaricación, rebelión o sedición.
"Sólo se puede producir delito si un juez ordena a un empleado público directamente una cosa y un funcionario no lo hace", ha agregado.
Font ha explicado que la desobedecía a la orden directa de un juez sí que seria delito, pero ha afirmado que no se imagina a "340.000 funcionarios recibiendo notificaciones personalizadas de los jueces; es una situación imposible e innecesaria; un disparate jurídico y político".
En declaraciones a los medios tras el acto de presentación del informe, que ha tenido lugar en la sede de la ANC en Barcelona, Font ha asegurado que la legislación española "no previó como delito que una parte del territorio declare su independencia fuera de las vías legales cuando hizo el código penal, sólo es delito si lo hace a través de la rebelión o la sedición; si no se producen estos requisitos no hay delito".
Ante el supuesto que un Mosso de Esquadra recibiese órdenes contradictorias del ministro y el conseller de Interior, Font ha señalado que "adopte la decisión que adopte el Mosso nunca cometería un delito".
Al acto han asistido representantes sindicales de la UGT y CCOO entre otros, así como la diputada de Junts Pel Sí Neus Lloveras, a la que los miembros de la ANC se han dirigido como la futura presidenta de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI).EFE
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