Accionistas vs. Popular: comienzan las demandas

Los accionistas y los bonistas del Banco Popular no se resignan a perder su dinero y, cuando no ha pasado ni una semana desde la 'venta' del banco al Santander, ya han interpuesto multitud de denuncias y demandas ante las instituciones judiciales por lo que consideran una «incautación» de su dinero.

Dos días habían pasado de la intervención y la venta del Banco Popular por un euro al Santander, cuando los despachos de abogados, en representación de los pequeños accionistas, empezaron a interponer denuncias y querellas en la Audiencia Nacional, por estafa al inversor y delitos de falsedad contable, contra los responsables de la entidad y no descartan presentar otras contra las autoridades bancarias españolas y europeas. La intervención del Popular ha afectado a 305.000 accionistas y a miles de propietarios de deuda convertible y subordinada que han perdido entre 3.000 y 4.000 millones de euros y que tienen como objetivo recuperar su dinero.

Uno de los primeros despachos de abogados en denunciar ha sido el de Cremades & Calvo-Sotelo, en representación de 385 pequeños inversores que poseían el 3 por ciento del capital del banco y que están agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Los letrados del despacho han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una denuncia contra los gestores del Popular, entre los que están su ex presidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle. 

En la denuncia, que seguirá las vías civil, penal y mercantil, la Aemec pide que se investigue la administración que han llevado a cabo los responsables del banco en los últimos meses y si se ha producido una manipulación para alterar el precio de la acción, principalmente desde la última junta general. 

«Con esta denuncia pretendemos que la Fiscalía ponga en funcionamiento los instrumentos de investigación con los que cuenta para indagar si los gestores del banco y otras personas han podido llevar a cabo un abuso de mercado que ha afectado negativamente a la cotización del banco», afirma Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, catedrático de Derecho Administrativo y miembro de Aemec.

También estudian demandar por vía civil a la Junta Única de Resolución (JUR) y al Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) e iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros cuyos títulos han sido «confiscados». Consideran que la intervención del Popular fue una «incautación» que se realizó vulnerando los derechos de los accionistas. 

Por su parte, la OCU también ha interpuesto una querella en la Audiencia Nacional, en representación de más de 9.500 pequeños accionistas, contra Ángel Ron, ex presidente del Popular, Pedro Larena, ex consejero delegado, Roberto Higuera, ex vicepresidente, la auditora PwC y el socio firmante Francisco Barrios por falsedad contable y estafa al inversor. 

Según Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, las cuentas del Banco Popular no eran las correctas cuando se optó en 2016 por una ampliación de capital, cuyo folleto, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no reflejaba la imagen fiel de la entidad. También criticó que la CNMV no prohibiera la toma de posiciones cortas en Banco Popular al igual que ha hecho más tarde con las acciones de Liberbank. 

Otro de los bufetes que han acudido a los tribunales contra el Banco Popular ha sido Fonfría Abogados, que consideran que Emilio Saracho y Ángel Ron ocultaron pérdidas que tendrían su origen en provisiones, y al igual que la OCU, también se ha querellado contra la auditora PwC por delitos societarios contra el mercado y los consumidores. 

Una denuncia diferente ha sido la interpuesta por el despacho Durán y Durán Abogados que vincula a Saracho con el Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan. Los letrados consideran sospechoso que el consejo de administración que presidía Saracho encomendara la venta del banco a JP Morgan.

Junto a estos despachos hay otras entidades que interpondrán en pocos días nuevas demandas contra el Popular. Este es el caso de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) que ha decidido presentar antes de julio una querella contra los administradores de Banco Popular y contra la auditora PwC, ya que según su presidenta, Patricia Suárez, «los accionistas y bonistas lo han perdido todo, y ahora tenemos que impulsar una investigación para que se sepa la verdad». A su juicio, la principal «sospecha» está en los datos ofrecidos por el banco en la presentación de la ampliación de capital realizada en mayo de 2016, pero «esto puede ser solo el inicio».

Suárez señala que son muchas las incógnitas que se plantean en la intervención y venta del Popular. «Durante meses hemos leído declaraciones contradictorias. Hace apenas unas semanas el ministro Luis de Guindos nos decía que todo iba bien, ahora, sin embargo, reconoce que llevaban tiempo gestionando la liquidación del banco. Por su parte, la CNMV ha permitido que los bajistas actuaran libremente durante semanas hundiendo la acción y generando desconfianza, retirada de depósitos y falta de liquidez, y después ha prohibido la especulación a la baja en el caso de Liberbank».

POLÉMICA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Los despachos de abogados están convencidos de que ganarán gran parte de los casos, teniendo en cuenta lo ocurrido en el caso Bankia, sobre todo aquellos relacionados con la última ampliación de capital que tuvo lugar en mayo del año pasado, ya que la revisión de las cuentas ha dejado patente que la entidad solicitó dinero al mercado con información que no reflejaba la verdadera situación por la que atravesaba. Vendió a los pequeños accionistas cerca de 1.500 millones de euros de la ampliación de capital, que fue de 2.500 millones de euros. 

Este tema podría quedar zanjado tras las declaraciones realizadas el miércoles por el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, a la Cadena Cope, en las que manifestó que la entidad presentará en los próximos días una solución dirigida a los pequeños accionistas del Popular que acudieron a la última ampliación de capital y que perdieron toda su inversión tras la intervención. Cendoya añadió que en los próximos días serían «más concretos».

Hasta ahora, los principales despachos de abogados no han demandado al Santander. Según Ruiz Ojeda, «de momento no lo hemos hecho porque no parece que Banco Santander haya provocado esta situación».
También se muestra convencido de que los pequeños accionistas ganarán su batalla en los tribunales, aunque «será un proceso largo, difícil y tortuoso, pero pienso que hay posibilidades legales de que se recupere la inversión. No sé si por parte de todos, pero hay instrumentos para conseguirlo».

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Alberto Ruiz Ojeda, Cremades & Calvo-Sotelo/Aemec

«La denuncia contra el Popular será un proceso largo, difícil y tortuoso pero pienso que hay posibilidades legales de que los accionistas minoritarios recuperen la inversión»

Patricia Suárez, Asufin

«La CNMV ha permitido que los bajistas actúen durante semanas hundiendo la acción del Popular y generando desconfianza, retirada de depósitos y falta de liquidez»

Ileana Izverniceanu, OCU

«Las cuentas del Popular no eran las correctas cuando se optó en 2016 por una ampliación de capital cuyo folleto, aprobado por CNMV, no reflejaba la imagen fiel de la entidad»