Solo los inquilinos de los grandes fondos están protegidos por el tope del 2% al alquiler

El Gobierno permite a los propietarios particulares negociar con sus inquilinos el precio del alquiler por encima del 2%, mientras que los grandes fondos deben aplicar el límite

El Consejo de Ministros aprobó el martes el Plan Nacional de Respuesta al Impacto Económico de la Guerra, que movilizará 16.000 millones de euros, de los que 6.000 se destinarán a ayudas directas y a rebajas de impuestos. Los 10.000 restantes a se movilizarán a través de créditos ICO.

La norma incluye la desvinculación del IPC del precio del alquiler de la vivienda y limita las revisiones de subidas de las rentas al 2 por ciento, en los próximos tres meses, solo cuando los propietarios sean grandes tenedores -poseedores de diez o más viviendas-, entre los que se encuentran los fondos de inversión.

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Cuando se trate de propietarios particulares –que constituyen el 80 por ciento del mercado del alquiler-, podrán negociar con sus inquilinos sin límites. El 2 por ciento de incremento servirá de referencia voluntaria.

Con esta medida el Gobierno pretende proteger a los inquilinos de una inflación disparada, que en febrero alcanzó el 7,6 por ciento.

Una medida polémica

La aprobación del plan ha generado diferencias de opinión entre los afectados. Las asociaciones que integran a los inquilinos la consideran “positiva” y afirman que supondrá un ahorro importante ante la subida de la inflación.

En ciudades como Madrid o Barcelona, donde el precio del alquiler mensual se sitúa entre los 1.200 y 1.300 euros, la vinculación del alquiler al IPC supondría un aumento de 85 euros al mes, unos 1.020 euros al año, casi una mensualidad.

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"Un incremento asfixiante para quienes sus salarios no han aumentado al ritmo de la inflación", señalan fuentes de Fotocasa.

El Gobierno “carga” sobre los arrendadores el problema de la vivienda

Los arrendadores y el sector inmobiliario critican la norma aprobada. Creen que, incluso, podría plantear dudas legales, ya que la ley de arrendamientos urbanos (LAU) recoge la posibilidad de actualizar los alquileres conforme al IPC en los contratos que así lo establezcan.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, considera que "el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración", al obligar a que "no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler".

A su juicio, esta iniciativa supone un nuevo "varapalo" para los arrendadores, que "vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido".

Argumenta que "la experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas, como la retirada de producto del mercado y la subida de los precios".

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"Además, dificulta el acceso al alquiler, especialmente a los más vulnerables", explica Iñareta.

Huida al mercado de la compraventa

Fuentes de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) afirman que el sector del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes de la electricidad, del gas y de materiales, y con el límite de las rentas verán penalizados sus ingresos.

Auguran que la iniciativa del Gobierno "provocará, en el medio y largo plazo, un encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler".

También los analistas de Fotocasa advierten del riesgo de la nueva medida.

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Explican que si los arrendadores se encuentran en un ambiente "desincentivador" con modificaciones continuas de la normativa, "es probable que prefieran el mercado de la compraventa y retiren su vivienda del alquiler, lo que contraería aún más la oferta".

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