Congreso y Gobierno, más cerca de un nuevo conflicto ante el Constitucional
La Mesa del Congreso no reconsiderará su decisión de levantar el veto del Gobierno para tramitar tanto la paralización de[…]
La Mesa del Congreso no reconsiderará su decisión de levantar el veto del Gobierno para tramitar tanto la paralización de la LOMCE como la mejora de las condiciones de los trabajadores subcontratados, como le había requerido Moncloa. La decisión ha sido adoptada con el voto a favor de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Esta decisión desemboca, muy probablemente, en un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, el segundo desde que comenzó la democracia. Fuentes del Gobierno había advertido a la Cámara Baja que si la respuesta no era acorde a sus intereses, o no se producía, pedirían a los abogados del Estado que pusieran en marcha el recurso ante el TC.
De hecho, para más inri, el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, anunció ayer en rueda de prensa que la semana que viene elevará al Pleno para su debate y aprobación su propuesta de mejora de las condiciones de las subcontrataciones.
El calendario del proceso judicial pasa ahora porque el Congreso remita su contestación de manera oficial al Gobierno. A partir de ahí, el Ejecutivo contará con un mes de plazo para interponer el recurso.
El máximo órgano de dirección del Parlamento ha examinado el informe remitido por los letrados pero tanto el PP, por un lado, como el PSOE, por otro, se han mantenido firmes en la posición que venían defendiendo hasta ahora.
Sin embargo, Ciudadanos ha modificado su posición acercándose a las tesis de los populares lo que ha permitido que la Mesa asuma la tesis del Gobierno en diez de los 16 vetos solicitados por Moncloa que sí han sido aceptados.
Se trata de las iniciativas para la generación eléctrica renovable para autoconsumo, el apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la titularidad de la AP-9, el fondo de compensación para las víctimas del amianto, medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico, dos propuestas de modificación del régimen de tasas judiciales, una propuesta de paralización del calendario de la LOMCE, prestación económica de la Seguridad Social para la crianza de los hijos, que ya no serán tramitadas.
Así, Ciudadanos se ha alineado con los populares al entender que las conclusiones de los servicios jurídicos de la Cámara Baja dan completamente la razón al Ejecutivo al respaldar su capacidad de frenar cualquier iniciativa de la oposición que suponga un aumento de los gastos o un descenso de los ingresos.
No ha sido así en el caso del PSOE, que sigue entendiendo que la Mesa tiene el poder de velar porque este veto por razones presupuestarias no se lleve a cabo de manera arbitraria. «Queda absolutamente claro en el informe de los letrados que el Gobierno solo se pueden vetar iniciativas que afecten al presupuesto vigente», ha sostenido, antes de acusar al Gobierno de «hurtar al Congreso un debate al que tenía derecho».
La unión de fuerzas de PP y Ciudadanos ha permitido también frenar, por ahora, la subida de pensiones impulsada por PSOE, Podemos y otras formaciones. La formación naranja y el PP han considerado oportuno solicitar al Gobierno más información sobre el impacto presupuestario que tendrá esta medida si llegara a aprobarse, antes que ignorar el veto de Moncloa y permitir su tramitación, como defendía PSOE.
Los socialistas han calificado esta decisión de estratagema para ganar tiempo e impedir que la propuesta se pueda aprobar. «Es muy grave que se haya pedido más información al Gobienro sobre lo que el Gobierno no da más información», ha cargado con dureza.
En este asundo, además, los socialistas no han contado con el apoyo de Podemos que, a pesar de haber impulsado de manera conjunta la propuesta, ha decicido abstenerse en la votación. «Nos hemos quedado solos», ha denunciado Hernando con acrituz.
Además, el PP y Ciudadanos han decidido solicitar al Gobierno una mayor justificación de su veto a las iniciativas de universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, la supresión de tasas judiciales y la protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
Para evitar nuevios litigios en el futuro, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha pedido al resto de fuerzas un esfuerzo en la elaboración y presentación de memorias económicas donde se cuantifiquen el coste económico y las vías de financiación de las distintas iniciativas que propongan. Esta es una exigencia que establece el Senado para la tramitación parlamentaria de una propuesta y que no recoge el Congreso.
