Subida de impuestos y pensiones para recibir el año incluso sin Presupuestos

El Gobierno prevé aprobar este viernes en consejo los anteproyectos relativos a tributos como la 'tasa Google' o la 'Tobin'

Sede de la Agencia Tributaria

Los Presupuestos volverán a prorrogarse automáticamente el 1 de enero ya que el Gobierno no ha conseguido recabar los apoyos necesarios entre los grupos parlamentarios, más allá de Unidos Podemos, con quienes redactaron en conjunto su plan de cuentas para este año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su voluntad de trabajar «hasta el último momento» para que los Presupuestos elaborados por el gabinete socialista salgan adelante y se empiecen a aplicar en 2019. Señalan el mes de enero como el momento en el que posiblemente los llevarán a votación al Congreso, pero hasta ahora no ha tenido suerte.

Se tratará, por tanto, de la séptima vez que se prorrogan los Presupuestos en la historia de la democracia -entre ellas, en 2016 y 2017-. Y aunque la Constitución establece que si no se han aprobado antes del día 1 de enero «se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos», el Gobierno ha decidido aprobar en Consejo de Ministros -­posiblemente el del próximo viernes 28-­ un real decreto de prórroga. Se trata -­según confirman fuentes de Hacienda-­ solo de «un trámite» que también hizo el año pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Medidas 'in extremis'

Solo queda un Consejo de Ministros y el Gobierno apura las medidas que quiere que salgan adelante haya o no acuerdo para aprobar los Presupuestos. Así, el viernes pasado día 21 el Ejecutivo aprobó en su reunión en Barcelona la subida del salario mínimo y la revalorización del sueldo de los funcionarios, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero y beneficiará a unos 5 millones de personas. En el caso de los empleados públicos, afectará a los casi 2,5 millones de personas que componen este sector con una subida de sueldo de al menos un 2,25%, a la que se podrá sumar un 0,25% adicional que negociará cada Administración y otro 0,25% ligado al crecimiento de la economía. Para las cuentas públicas supondrá un incremento del gasto de entre 3.386 y 3.700 millones de euros.

Y sobre la subida del salario mínimo, la mayor desde 1977, beneficiará a unos 2,6 millones de trabajadores, según cifró UGT, el 15% del total de los asalariados. Este incremento provocará un aumento del gasto público de 380 millones de euros, aunque el Gobierno ha hecho hincapié en que la Seguridad Social incrementará sus ingresos en unos 1.500 millones por la subida de las cotizaciones que provocará que ese 15% de personas cobre un 22% más.

Nuevos impuestos

Para el último viernes de 2018 podrían llegar a la mesa de los ministros la revalorización de las pensiones un 1,6% conforme al IPC, según confirmaron fuentes de Hacienda, que también recordaron que los anteproyectos de los impuestos presentados por el gabinete de Montero se tiene previsto que se aprueben «antes de que acabe el año», aunque quedando tan pocos días ya es difícil y depende «de los plazos de los órganos consultivos».

Estos anteproyectos son el impuesto a los servicios digitales (denominada coloquialmente 'tasa Google'), a las transacciones financieras ('tasa Tobin') y las ambiciosas medidas antifraude. Los demás cambios fiscales van en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que su entrada en vigor en 2019 dependerá de si finalmente se consigue un acuerdo con los demás grupos parlamentarios.

Así, aunque estos últimos días del año fueran tremendamente productivos y salieran adelante los tres anteproyectos de ley mencionados, no entrarían en vigor hasta dentro «de uno a tres meses», explican las mismas fuentes. Esto supone que la recaudación prevista por el Ministerio de Montero para estos tres nuevos tributos se verá disminuida, ya que los cálculos estaban hechos en función de su entrada en vigor el 1 de enero, algo que ni siquiera en el mejor de los casos podría ocurrir.

En relación con el impuesto que Montero quiere aplicar sobre los servicios digitales, el plan presupuestario contempla una recaudación de 1.200 millones de euros durante el año que viene. Con el de transacciones financieras, 850 millones -que irían directamente a la Seguridad Social-, mientras que en la lucha contra el fraude calculan unos ingresos de 610 millones, entre el paquete de medidas internacionales y el refuerzo de la lista de morosos.

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