Zearreta dice que la Ley de Empleo Público garantiza la negociación colectiva

El viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Andrés Zearreta, ha afirmado hoy que el proyecto de Ley de Empleo[…]

El viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Andrés Zearreta, ha afirmado hoy que el proyecto de Ley de Empleo Público es "garantista" con la negociación colectiva, en respuesta a las críticas realizadas por algunos sindicatos a este texto.

Zearreta ha comparecido hoy en una comisión parlamentaria junto con los directores de Función Pública, Juan María Barasorda, de Gestión de Personal, Konrado Mugertza, y de Recursos Humanos de Oaskidetza, José María Armentia, para presentar el texto que pretende actualizar la función pública porque ésta y lo que demandan los ciudadanos de ella a su juicio "han cambiado mucho".

Este proyecto fue aprobado el 22 de diciembre del año pasado por el Consejo de Gobierno y su objetivo principal es actualizar el sistema de empleo público, regulado en la Ley de Función Pública vigente desde el año 1989, un texto que por primera vez reconoce la carrera profesional de todo el personal que trabaja en las administraciones de la comunidad autónoma.

El pasado lunes comparecieron en la misma comisión representantes sindicales que mostraron su rechazo al proyecto, incluso ELA y LAB pidieron su retirada, entre otras cosas porque muchos de ellos consideran que se niega la negociación colectiva.

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Zearreta ha rechazado que se haya restringido la negociación colectiva en la función pública y ha recordado que cuestiones como los planes de ordenación del empleo, la carrera profesional, el sistema retributivo y la jornada, entre otras, son objeto de negociación con los agentes sociales, "los procesos clave" ha dicho.

Se ha referido a otra cuestión criticada por los agentes sociales, la creación de la dirección pública profesional que posibilita que, mediante un procedimiento público y con valoración de los méritos y capacidades, el personal pueda ocupar puestos de nivel directivo.

Algunos sindicatos consideran que esto abre la puerta a las "puertas giratorias" y a la colocación de "comisarios políticos", tal y como han recordado hoy algunos grupos en la comisión.

Zearreta ha asegurado que con el proyecto se quiere hacer una "pequeña revolución" en esta materia, porque se persigue "poner orden y asegurar que para el acceso a esos puestos directivos se cumplen criterios objetivos".

A su juicio, la regulación es "contundente" de cara a garantizar la transparencia y ha añadido que si alguien nombra directivo a una persona que no cumple los requisitos necesarios tendrá que dar explicaciones.

Ha recordado que ya existen directivos en las administraciones, y especialmente en sociedades y empresas públicas, 135 actualmente, y que con la futura ley se establecerán "estrictos procesos de acceso", tanto si son funcionarios como si no lo son.

Zearreta ha recordado que una de las principales novedades de este proyecto es que, por primera vez una normativa vasca permite a todas las administraciones públicas de Euskadi abordar procesos especiales de consolidación de empleo para afianzar el "empleo temporal de naturaleza estructural", en plazas dotadas presupuestariamente: personal interino, laboral temporal o laboral indefinitivo no fijo por sentencia.

El objetivo es "atajar las elevadas tasas de interinidad" en algunas categorías profesionales sin descapitalizar el conocimiento y las destrezas adquiridas durante años de trabajo por parte del personal interino.

El proyecto abre la puerta, por primera vez, a la carrera profesional de la totalidad del personal público, para lo que se implantarán sistemas de evaluación y valoración del desempeño profesional y del rendimiento o logro de resultados, de manera que el personal funcionario o laboral pueda ascender y mejorar sus condiciones retributivas, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

La futura ley de Empleo Público afectará a las 110.000 personas que trabajan al servicio de las administraciones públicas vascas, en general, los de la administración general de la Comunidad Autónoma, las administraciones forales y las locales, así como al personal de administración y servicios de la UPV.

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