USO pide en la Audiencia Nacional ampliar los beneficios del Plan del Carbón

El sindicato USO ha presentado una demanda judicial ante la Audiencia Nacional en defensa de la igualdad y para que los trabajadores de las contratas y subcontratas mineras puedan beneficiarse de las ayudas sociales y prejubilaciones del Plan del Carbón 2013-2018.

Según ha informado en rueda de prensa hoy en León el secretario estatal de Acción Sindical de la Federación de Industria de USO, José Vía Iglesias, la denuncia se presentó el pasado 28 de septiembre y se presenta contra el Ministerio de Industria, Carbunión y los sindicatos CCOO y UGT.

USO ha recordado que el marco del Plan del Carbón 2013-2018 contempla un capítulo de ayudas sociales (prejubilaciones y bajas incentivadas) con destino a los trabajadores de la minería de carbón de las unidades de producción incluidas en el plan de cierre de minas.

Iglesias ha pedido que estas ayudas se tienen que ampliar a los 1.500 mineros de subcontratas que realizan el mismo trabajo en las unidades de producción, pero que están excluidos de las ayudas al no pertenecer a la empresa titular de la mina.

Para el sindicato "negar a los trabajadores el derecho a acogerse a estas ayudas sociales, sólo por pertenecer a una contrata o subcontrata, es una discriminación que vulnera el derecho fundamental de igualdad por cuanto que estos trabajadores realizan su trabajo en idénticas condiciones".

Unos fundamentos jurídicos en los que USO basa la demanda y que, según Iglesias, "se han visto reforzados por el último dictamen del Tribunal Europeo en la sentencia que equipara el derecho de indemnización del trabajador fijo al del trabajador con contrato temporal".

Iglesias ha insistido en que la fundamentación jurídica de esta sentencia es "aplicable plenamente para aplicar las ayudas sociales del Plan del Carbón a los mineros de contratas y subcontratas del sector minero".

En este sentido, ha anunciado que en unión con sindicatos rumanos y polacos, que también están sufriendo este tipo de discriminaciones, pretenden llevar el caso a Europa, incluso llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para conseguir una interpretación y aplicación de esta dictamen europeo.

Iglesias ha señalado que la demanda interpuesta es una "apuesta por la juventud de las cuencas mineras, mayoritariamente trabajadores de estas contratas y subcontratas, representando un importante impulso económico para estos trabajadores y las propias cuencas mineras".