UGT pide medidas concretas contra el fraude y la economía sumergida

El sindicato UGT PV ha trasladado por registro de entrada una solicitud a la Generalitat para demandar medidas concretas de lucha contra el fraude y la economía sumergida y que previamente, ya habían hecho llegar al president de la Generalitat, Ximo Puig.

En concreto han pedido medidas que regulen la colaboración entre la Inspección de trabajo y Seguridad Social y el Cuerpo de la Policía Autonómica Valenciana, prevista en el artículo 55 del Estatuto de Autonomía, ha informado el sindicato en un comunicado.

Igualmente han reclamado recursos con competencias específicas en la lucha contra la economía sumergida, la explotación laboral, el trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social, así como la creación de los procedimientos y protocolos de actuación necesarios para llevarlos cabo.

La Inspección de Trabajo contará con estructura territorial en cada comunidad autónoma a desarrollar a partir de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que, según UGT, se configura "como uno de los instrumentos necesarios para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

Dado el amplio espectro casuístico en esta materia, es necesaria la participación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad de la Comunidad Autónoma dependientes de la Consellería de Presidencia, según el sindicato.

En esa línea, UGT PV ha reclamado también la participación de los agentes sociales más representativos en los órganos de participación institucional donde se diseñen las actuaciones inspectoras y policiales en relación a los planes y programas de actuación territorial y donde se determine la adecuación de recursos humanos y materiales, en cuanto a número, distribución y /o especialización.

Estas demandas llegan en un momento en el que la Comunitat debe afrontar retos que asienten la recuperación económica para que esta llegue a toda la sociedad y para ello, según UGT, "hay que poner freno a estas prácticas que menoscaban nuestra economía y deterioran la cohesión social".

La existencia de economía no declarada genera problemas de equidad, tanto del lado del gasto como de los ingresos públicos, provocando asimetrías en la provisión de servicios y en la carga impositiva, además de producir desigualdad entre la ciudadanía y menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores y una distorsión de la competencia empresarial.

"Es un ataque directo al Estado del Bienestar, que pone en peligro a la sanidad, a la educación pública, y al resto de servicios provenientes del Estado", ha apuntado UGT.

Estudios recientes, calculan la tasa de economía sumergida en España en el 24,6 %, lo que supondría unos 253.000 millones de euros anuales, solo superada por Italia, Grecia y Portugal.

En la Comunitat, se sitúa por encima de la media, con un 26,5 %, lo que implica, teniendo en cuenta el valor del PIB de la Comunitat Valenciana, unos 26.000 millones de euros al año, ha señalado UGT.

En cuanto a las estimaciones sobre el número de trabajadores en la economía sumergida, y por lo tanto de posibles empleos que podrían crearse, las variaciones son muy amplias, pero se estima que en la Comunitat podría haber alrededor de 200.000 trabajadores y trabajadoras sometidos a estas prácticas.

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