Sindicatos en 6ª semana huelga piden Poder Judicial rechazar reforma fiscal

Grupos sindicales de Costa Rica, que entraron en la sexta semana de huelga indefinida contra una reforma tributaria, pidieron hoy que el proyecto sea rechazado por el Poder Judicial y declarada como inconstitucional por la Sala Constitucional.

En una concentración pacífica ubicada frente al Poder Judicial, en el centro de San José, los huelguistas protestaron porque consideran que la iniciativa, aprobada en primer debate el pasado 5 de octubre, afectará más a las clases medias y bajas.

La reforma se encuentra en estudio de diversas instituciones, incluido el Poder Judicial, de cuyos pronunciamientos dependerán si los diputados pueden efectuar la segunda y definitiva votación.

"Este es un movimiento que defiende la canasta básica, la salud pública, la educación pública gratuita y obligatoria para todos y que en este proyecto quieren gravar con más impuestos. Este ya es un país sumamente caro para que no lo defendamos", afirmó a Acan-Efe el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.

El líder sindical añadió que Costa Rica es uno de los países más caros de América Latina, que además ocupa los primeros puestos en desigualdad, por lo cual la reforma "solo llegará a hacernos más pobres, ineficientes, lentos y desiguales".

Datos del Banco Mundial del proyecto "Tomando la desigualdad" (2016) ubican a Costa Rica en el puesto número nueve en desigualdad entre 101 países medidos en el estudio, mientras que según el Índice de Precios al Consumidor (2016) del mismo ente, Costa Rica es el cuarto país más caro de América Latina.

"Este proyecto nos afecta a todos cuando se habla de gravar la canasta básica, los servicios esenciales y cuando se exonera a una serie de empresas de gran capital que deberían pagar impuestos pero son exonerados mediante transitorios en la ley", destacó el secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Walter Quesada.

Como parte de las medidas de presión, la unión sindical pidió a la Sala Constitucional que rechace la reforma tanto por el fondo como por la forma en que fue tramitada en el Congreso.

"Mantenemos el movimiento porque queremos llegar hasta las últimas consecuencias de este proceso hasta que la Sala Constitucional emita el criterio de la procedencia, o no, del proyecto, que desde nuestro punto de vista tiene una serie de inconstitucionalidades", indicó Quesada.

Por su parte, Cascante manifestó que están pidiéndole al Poder Judicial "que sea autónomo" y que "no se deje manipular por el Ejecutivo".

Las organizaciones sindicales creen que la reforma fiscal es regresiva y golpea a las clases medias y bajas, pero el Gobierno asegura que es progresiva y que la mayor recaudación provendrá de los sectores de mayores ingresos.

El Gobierno ha informado que el apoyo a la huelga iniciada el pasado 10 de septiembre ha caído y que en la actualidad el 98 por ciento de los trabajadores que apoyan el movimiento corresponden a los sindicatos del sector educación.

Según el Gobierno, el plan tributario busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas, paliar el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018, y generar confianza en los mercados internacionales.

La reforma convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero gravará los servicios.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

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