Sancionan a Atarfe con de 1,4 millones por 20 años de contratos irregulares

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha reclamado al Ayuntamiento de Atarfe (Granada) el pago de 1,4 millones de euros por las cuotas a la Seguridad Social de 60 empleadas de ayuda a domicilio que han trabajado de manera irregular durante dos décadas, sanción que recurrirá el municipio.

El Ayuntamiento, gobernado ahora por Por Atarfe Sí, formación vinculada a Podemos, ha explicado en un comunicado que recurrirá la decisión de Trabajo para minimizar los perjuicios que sufrirán sus vecinos por afrontar los 1,4 millones que reclama el Gobierno central.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social realizó en pasado mes de enero una visita al Ayuntamiento en la que constató que, durante dos décadas, el servicio de ayuda a domicilio se ha prestado desde la comunidad de bienes Hinojosa y Navarro, formada por las propias trabajadoras en régimen de autónomas y sin contrato alguno.

El acta de la Inspección ha aludido al carácter "ficticio" de la comunidad de bienes como empresa, "meramente instrumental para facilitar la actividad municipal, escapando de la condición empresarial el propio Ayuntamiento y facilitando sin embargo una actividad absolutamente discrecional y carente de cualquier tipo de control en la selección y contratación de las trabajadoras".

"Es una irregularidad más que se remonta a la época del clientelismo en el Ayuntamiento de Atarfe, cuando se esquivaban los sistemas de contratación que rigen la administración pública para controlar a las trabajadoras", ha explicado en el comunicado la concejal de Bienestar Social, Rosa Félix.

La situación ahora sancionada ya se advirtió, según el Ayuntamiento, en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que en el año 200 apuntó que se contrataban determinados servicios con comunidades de bienes sin que quedara acreditada ni la capacidad de estas firmas para hacerlo ni su solvencia técnica o profesional.

En septiembre de 2012, el entonces gobierno del PSOE presentó al pleno una propuesta para iniciar el proceso de privatización del servicio que no llegó a debatirse por falta de apoyos.

En el actual mandato, el nuevo gobierno solicitó información sobre la situación del servicio a la anterior responsable y actual concejal socialista, Francisca García Olivares, "negándose a dar cualquier tipo de explicación", según ha explicado Félix.

La concejal ha apuntado que propusieron en marzo iniciar los trámites para una gestión directa del servicio y modificar así las condiciones laborales de las auxiliares de la ayuda a domicilio que tampoco salió adelante.

El importe ahora reclamado corresponde a las cuotas del periodo no prescrito y ha obligado a ralentizar la convocatoria del concurso oposición ya que las trabajadoras han sido dadas de alta por la Inspección de Trabajo en el régimen general de la Seguridad Social.

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