Pensionistas venezolanos urgen "solución política" que los saque del "limbo"

El colectivo de pensionistas venezolanos en Galicia exige una "solución política" que los saque del "limbo" en el que se encuentran, al acumular 17 meses de impagos y no tener acceso a ayudas sociales en España precisamente por tener derecho a percibir una pensión que, en la práctica, no están recibiendo.

Alrededor de una treintena de miembros de este colectivo se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento de Vigo para dar visibilidad a su problema y para reclamar también una reunión con el alcalde, Abel Caballero, quien, según han denunciado, se niega a recibirlos pese a "múltiples" solicitudes.

Andrés Varenkow, presidente de la Asociación de pensionistas y jubilados de Venezuela en Galicia, ha señalado, en declaraciones a los medios, que en esta comunidad autónoma hay alrededor de 2.800 pensionistas de aquel país, de los cuales un 30% están en situación "de necesidad".

Ha relatado la "desesperación" que padece este colectivo tras acumular 17 meses de impago de sus pensiones, con algún caso de desahucio o de tener que recurrir a Cáritas o al Banco de Alimentos para poder subsistir.

Varenkow ha recordado que existe un convenio firmado en 1990 por el que España se compromete a complementar hasta la cantidad mínima de las pensiones de este país si Venezuela no paga o lo hace por debajo de ese mínimo.

"En derecho tenemos una pensión venezolana, pero en la realidad no la tenemos", ha proclamado Varenkow, con el problema añadido de que esto les excluye de las ayudas sociales como la Risga o las que dan los municipios, por lo que ha concluido: "al español retornado se le trata con menor derecho que al inmigrante ilegal".

No en vano, ha recalcado que el 70% de los pensionistas venezolanos en Galicia son emigrantes retornados o tienen la doble nacionalidad.

Ha señalado que existen "muchas" sentencias individuales de tribunales españoles que les están dando la razón, en cuanto a que el derecho a sus pensiones no constituye ingreso y que España debe complementar la parte que le toca por el convenio firmado.

Sin embargo, éste es un "proceso lento", de al menos nueve meses, lo que "manda a mucha gente a una situación de pobreza extrema", ha dicho.

Más allá de las "soluciones puntuales" que han aportado algunos ayuntamientos o la Xunta, este colectivo demanda una "postura general oficial" para afrontar este "problema estructural", y que a juicio de Varenkow pasa por una "solución política".

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