Patronales acusan al Gobierno de penalizar industria catalana con pacto PNV

Cinco patronales catalanas han hecho llegar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los ministros de Energía y Economía un escrito con el que pretenden denunciar que un aspecto del pacto entre el PP y el PNV para sacar adelante los presupuestos penaliza a la industria en Cataluña.

La patronal Cecot, la Federación Empresarial del Metal, la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona, Texfor-Confederación de la Industria Textil y la Unión Patronal Metalúrgica suscriben esta iniciativa.

En concreto, estas patronales denuncian en un comunicado que el pacto alcanzado entre el PP y el PNV incluye un cambio de tarifa energética solo para las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kilovoltios.

Estas organizaciones argumentan que, por el contrario, las empresas que dependen de líneas de distribución entre los 25 y los 30 kilovoltios, unas 5.800 compañías en toda España, sufren una discriminación tarifaria.

Los firmantes alegan que entre estas compañías hay un total total de 3.277 catalanas, un 56,50 % del total, y que ello supone un sobrecoste estimado de unos 200 millones anuales para las empresas industriales catalanas.

Estas organizaciones empresariales denuncian que esta decisión es "únicamente de carácter político" y que, en cambio, "afecta a la competitividad de las empresas y atenta directamente contra la unidad de mercado, tan reclamada por parte de las fuerzas políticas en el Congreso".

Las redes eléctricas en España están clasificadas en tres categorías, en función de la capacidad de éstas para la transmisión de electricidad, y luego existen una serie de grupos tarifarios asociados a la potencia que se ofrece.

Según estas patronales, gracias al acuerdo pactado entre el PP y el PNV, las tensiones entre los 30 a 36 kilovoltios se integrarán a partir de 2018 en la tarifa 6,2, con lo que se beneficiarán de una reducción.

Este acuerdo, siempre según estas organizaciones, beneficiará principalmente a empresas ubicadas en Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria o Asturias, que se equipararán así a las condiciones de empresas ubicadas en comunidades como Madrid.

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