Estibadores aseguran que decreto suprime Sesticarsa y despide a 17 trabajador

Representantes sindicales han advertido hoy de que el decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes sobre el sector de estibadores supone la extinción en seis meses de la Sociedad de Estiba de Cartagena (Sesticarsa), la única de este tipo que queda en los puertos españoles, y el despido de los 17 trabajadores que desempeñan esta labor en esta zona portuaria.

El coordinador del Área de Levante de Trabajadores del Mar, José Francisco Alamar, ha detallado en una rueda de prensa que los estibadores de Cartagena son los únicos que pertenecen a una sociedad participada por Puertos del Estado en un 51 por ciento, y, en caso de ser convalidado el decreto gubernativo, en seis meses serán despedidos. "Se van a llevar el capital y no van a subrogar a nadie", ha apostillado.

Alamar ha criticado al Gobierno central por utilizar "la mentira" de que la sentencia de Bruselas obliga a liberalizar el sector cuando el fallo comunitario no estipula que deba hacerse "un ERE para eliminar" a 6.150 trabajos fijos indefinidos en tres años y dejar paso a ETTs que suplan esta labor con empleos.

El responsable sindical ha asegurado que la propuesta de los sindicatos, que están negociando con la patronal a través de un mediador, incide en que se subroguen los contratos a las empresas privadas que prestan un servicio público y se regule el acceso a las plantillas en virtud de la "calidad y la seguridad", tal y como ocurre en 10 países de la UE, como Francia y Portugal.

Alamar ha calificado de "gran mentira" que la UE no admita la propuesta de los estibadores, cuando contiene medidas aceptadas y contempladas en el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo.

Además, ha advertido de que el decreto contempla que Puertos del Estado tenga que indemnizar a los trabajadores despedidos con hasta 350 millones de euros, y ha comparado los efectos que tendría para la economía española los nueve días de paros sindicales convocados para el mes de marzo.

"La multa diaria es de 134.000 euros por incumplir la sentencia y un día de huelga genera 50 millones de euros de pérdidas o, lo que es lo mismo, 9 años de multa", ha apuntado Alamar.

Ante la necesidad de que el decreto tenga que ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes, Alamar se ha mostrado convencido de que todos los grupos, excepto el PP, están en contra del texto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Finalmente, el diputado de Podemos Andrés Pedreño ha afirmado que esta situación es un ejemplo de las políticas del PP, que pretende "destrozar" el modelo basado en trabajadores profesionalizados, estables y bien remunerados por otro en el que predominen empleados "sin garantías ni derechos".

La formación morada ya ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que muestra su apoyo a los estibadores y a sus reivindicaciones.

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