ELA denuncia la muerte de un trabajador herido grave hace dos semanas

El sindicato ELA ha denunciado hoy el fallecimiento hace dos días de un trabajador que resultó herido el pasado 8 de febrero tras caer de un andamio en Barañáin, operario que pertenecía a una empresa subcontratada, como "más de la mitad de los trabajadores fallecidos en 2015 y 16".

En una nota ELA muestra su "apoyo y solidaridad" con la familia del fallecido, S.G.O., de 52 años, quien se encontraba herido grave desde su caída hace semana y media, y que falleció anteayer, lo que supone la segunda víctima mortal en accidente laboral en menos de dos semanas, tras la de una trabajadora atrapada por una máquina en Mélida.

Ante esta situación, ELA exige a los organismos competentes (ITSS, INSL) la realización de una "investigación exhaustiva de lo sucedido para esclarecer las causas del accidente y depurar responsabilidades".

Apunta la posibilidad de que no hubiera en este caso medidas de seguridad frente al riesgo de caída en altura y se cuestiona el cumplimiento de las obligaciones de coordinación de las distintas empresas.

Además, el nuevo fallecimiento "vendría a ratificar la fatal incidencia de factores de precariedad laboral en el incremento de la siniestralidad".

Al respecto, advierten de que más de la mitad de los fallecidos en accidente laboral en 2015 junto a los de 2016 eran trabajadores y trabajadoras de subcontratas, cuando "la subcontratación en la construcción tiene que ver más con la reducción de costes y el acortamiento de plazos de ejecución que con la prestación de determinadas 'tareas especializadas'".

ELA considera que la cantidad rebajada a los precios de licitación en la adjudicación de obra pública a empresas constructoras es "directamente proporcional al deterioro de las condiciones de seguridad y de vida de sus trabajadores y trabajadoras".

"Ello se visibiliza en la desinversión en la seguridad de las obras y en los insostenibles ritmos de trabajo y en las interminables jornadas laborales aplicadas".

Por ello, ante esta situación ELA exige al Gobierno de Navarra la "adopción inmediata" de medidas concretas para modificar las políticas de adjudicación y la asignación de los recursos necesarios para establecer un control y seguimiento "estricto" de los incumplimientos de las empresas constructoras en la obra pública.

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